Tecnología

Piden un "botón rojo" para limitar los contenidos inapropiados de los videojuegos

  • Los eurodiputados defienden esa medida al considerar que los sistemas de clasificación de contenidos no son suficientes a día de hoy.

La comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy un informe en el que insta a un mayor control de los videojuegos y pide la incorporación de un "botón rojo" a ordenadores y consolas con el que los padres puedan desactivar o limitar los juegos que consideren inapropiados. 

Los eurodiputados defienden esa medida al considerar que los sistemas de clasificación de contenidos no son suficientes a día de hoy, en especial en el caso de los juegos en línea, fácilmente accesibles a través de internet. 

El informe, que recoge numerosas recomendaciones en este ámbito, no aboga sin embargo por legislar a escala europea sobre el etiquetado de los videojuegos, sino que considera mejor impulsar la cooperación entre los Estados miembros en base al sistema en vigor. 

Éste, llamado PEGI, clasifica mediante un código los juegos por edades y temática (miedo, violencia, sexo, drogas, discriminación o insultos). 

Los eurodiputados quieren que los países europeos eliminen sus diferencias y alcancen un mecanismo común basado en PEGI, evitando que las medidas nacionales puedan fragmentar el mercado. 

Además, piden responsabilidad a los propietarios de "cibercafés", pues recuerdan que, según un Eurobarómetro, un 3,2 por ciento de jóvenes entre 16 y 17 años tiene acceso a internet en estos establecimientos sin ningún tipo de control parental. 

El informe del PE, que se apoya en estudios recientes, señala que la violencia en los juegos no impulsa automáticamente comportamientos violentos, pero asegura que una "exposición prolongada" a ese tipo de escenas "puede tener un impacto negativo sobre el jugador". 

Por ello, solicita medidas para evitar adicciones y comportamientos violentos, tanto a los productores como a los vendedores y a los padres. 

El informe, aprobado por unanimidad en la comisión parlamentaria, será votado de forma definitiva por el pleno de la Eurocámara el próximo mes de marzo.

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