Europa rechaza la tasa de telecomunicaciones para sufragar RTVE

  • El Gobierno deberá buscar un nuevo recurso para compensar los 250 millones que pretendía obtener de estos operadores

Un nuevo varapalo para el Gobierno, que tendrá que rectificar el modelo de financiación de RTVE. Los 250 millones que se iban a cobrar a las empresas de telefonía e internet (un 0,9% de sus ingresos) deberán ser compensados por otra vía, ante el dictamen desfavorable que emitiría Bruselas la próxima semana. La Comisión Europea ha emitido un dictamen desfavorable sobre la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones para financiar la RTVE sin publicidad, modelo puesto en marcha en septiembre de 2009 y aprobado en mayo. Las empresas de telecomunicación habían reclamado a las autoridades europeas que en un anterior informe habían dado el visto bueno a toda la normativa, salvo esta tasa.

En caso de que el Gobierno no modifique dicha legislación en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Este ultimátum de Bruselas afectará también a Francia. La comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, lanzó el expediente contra España el pasado mes de marzo por considerar que la tasa podía "ser incompatible con las normas de la UE". El Ejecutivo comunitario ha recibido las alegaciones del Gobierno español defendiendo la legalidad del nuevo modelo de financiación de RTVE. Pero los argumentos de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que emprendió todo este enrevesado proyecto, no han convencido a Kroes, quien propondrá al colegio de comisarios seguir adelante con el procedimiento de infracción.

La interpretación de las autoridades de Bruselas observa que la tasa "aparentemente no está relacionada con los costes de regular el sector sino que está relacionada con la ausencia de ingresos publicitarios". Según las normas sobre telecomunicaciones de la UE, las tasas cobradas a los operadores de telecomunicaciones sólo pueden sufragar determinados costes administrativos y de reglamentación y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. El Ejecutivo comunitario en julio sí autorizó el modelo en el aspecto de respetar la normativa sobre ayudas públicas. El Gobierno destina unos 600 millones anuales a RTVE (547 para 2011).

Los colectivos de empresas afectadas celebraban ayer la decisión que no se hará firma hasta la semana próxima. La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones, Redtel, recordaba que para ellos dicha tasa era "injusta". La patronal del sector, presidida por Miguel Canalejo, se mostraba prudente dentro de la satisfacción por el dictamen europeo, ya que estimaban que la recaudación del 0,9% de las empresas de telecomunicación venía a redundar de forma negativa en el sector. Diversas asociaciones de consumidores mostraron en su momento sus objeciones a la ley de RTVE ya que consideraban que esto suponía un encarecimiento de las facturas de cada usuario.

El Gobierno suprimió la publicidad en RTVE para fortalecer el servicio público, tal como se defendió, con una medida que venía a beneficiar a los medios privados en plena crisis publicitaria, tal como se ha constatado en los resultados del presente año.

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