El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley que aborda la supresión de publicidad en TVE, para su remisión a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el Consejo de Estado. Durante la habitual rueda de prensa posterior a la reunión, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que, en su opinión, es "razonable" que los operadores de telecomunicaciones financien "en una parte" la televisión pública, ya que "van a beneficiarse" de la utilización del espacio radioeléctrico y de la producción y traslación de distintos contenidos audiovisuales y televisivos.

El Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de Ley que prevé la supresión de la publicidad en la televisión pública. De la Vega reconoció en sus declaraciones posteriores a la reunión que esta medida supondrá un "paso decisivo para consolidar" el sistema de financiación de RTVE. Asimismo, comunicó que la nueva Ley se hará efectiva de forma "inmediata". 

La vicepresidenta aprovechó la ocasión para explicar los motivos que han llevado al Gobierno a tomar esta decisión. Según explicó, la caída "sustancial" del mercado publicitario ha sido decisiva a la hora de de ampliar y acelerar la reducción de publicidad en TVE. Ésta estaba prevista en el Mandato Marco aprobado en diciembre de 2007, aunque debido a la coyuntura actual, "no alcanzaba" a cumplir con el objetivo de ampliar "significativamente" la cuota de mercado de publicidad para los operadores privados.

En cuanto al nuevo modelo de ingresos de RTVE, la vicepresidenta explicó que la televisión pública contará con una "importante" aportación del Estado, mientras que el resto de los ingresos serán divididos entre los operadores de televisión privados -un 3 por ciento de sus ingresos- y las operadoras de telecomunicaciones -un 0,9 por ciento-. Sin embargo, otros medios de financiación serán la recaudación del 80 por ciento de las tasas por el uso del espacio radioeléctrico y las actividades y la comercialización de servicios y productos. 

En cuanto a las limitaciones, la vicepresidenta reiteró que los ingresos públicos sólo podrán utilizarse para financiar actividades de servicio público, por lo que no se podrá pujar por derechos de "contenidos de gran valor". En relación a los eventos deportivos, el Gobierno establece una limitación del 10 por ciento del presupuesto anual, exceptuando los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Asimismo, se incrementa en un 20 por ciento la obligación de TVE de invertir en cine español.

Por otro lado, la nueva Ley obliga a la Corporación RTVE a incluir en su programación espacios para los grupos políticos, sindicales y sociales, retransmisiones de los principales debates parlamentarios, programas infantiles con contenidos y horarios adecuados y debates electorales. "Se trata, por lo tanto, de una norma importante que, a la vez que afianza el modelo de una radiotelevisión pública mayoritaria, volcada hacia los ciudadanos, sostenible e independiente, con vocación de calidad y de éxito, clarifica el panorama audiovisual con vistas a los ya muy próximos retos que hemos de enfrentar", concluyó la vicepresidenta.

En cuanto al hecho de que los operadores de telecomunicaciones financien parte de la televisión pública, la vicepresidenta reconoció que le parece una opción "razonable", alegando que éstos "van a beneficiarse" de la utilización del espacio radioeléctrico y de la producción y traslación de distintos contenidos audiovisuales y televisivos. No obstante, ante la perspectiva de que los operadores quieran trasladar este coste a los usuarios, De la Vega quiso tranquilizar a la población, asegurando que el Gobierno "siempre velará por los ciudadanos y usuarios". "Lo hacemos así, y lo hacemos también cuando las empresas se benefician de rebajas impositivas", aseguró.

Además, según explicó, le parece "contradictorio" decir "que se traslade el coste a los usuarios por una contribución y al mismo tiempo afirmar que no se puede hacer frente a esa contribución". En este sentido, dijo, se "está hablando de empresas que en general tienen unos beneficios muy importantes, de miles de millones". No obstante, dijo, "es verdad que hay alguna que tiene situación de dificultad, y el Gobierno lo contemplará.

Acto seguido, señaló que los operadores de telecomunicaciones "son muy libres de actuar como consideren, pero esta medida está evaluada y en los márgenes de la Constitución y del Derecho Europeo". "Lo que el Gobierno va a hacer siempre es vigilar para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos y usuario como consumidores y usuarios". Es más, aseguró que "la última palabra" al respecto la tiene el Parlamento, ya que es una norma de rango de Ley.

De la Vega, que puso como ejemplo de éxito de este formato a la cadena BBC, explicó que el objetivo principal de esta medida es que la televisión pública alcance "estabilidad", y que en base a ese principio, el Gobierno "ha escuchado a todas las partes y ha tratado de buscar la mayor complicidad por parte de todo el mundo". "Tanto los miembros de la Corporación de RTVE, como los sindicatos, o los usuarios están de acuerdo con este modelo, ya que lo que se trata es de beneficiar fundamentalmente a los ciudadanos con una televisión pública de calidad, de mayorías, que tenga estabilidad económica y financiera y que se base en un modelo transparente y equilibrado, donde desde el Estado a las empresas que tienen relación, ya que se benefician de los contenidos audiovisuales, contribuyan también a la financiación de un servicio público", concluyó.