El Gobierno entrega al Congreso la nueva TVE

  • El Ejecutivo concluye el proyecto para una cadena pública sin publicidad, con un 0,9% de los ingresos de las operadoras, 3% de las privadas y 1,5% de las cadenas de pago

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha culminado su trabajo de redactar el proyecto de financiación de la reformada TVE. El Consejo de Ministros aprobaba ayer el proyecto, con varios cambios respecto a su inicial presentación, y será ahora el Congreso el que apriete el botón para poner en marcha la renovación decisiva en el funcionamiento de la corporación pública.  Las operadoras de telecomunicaciones  no perderían su concesión en caso a negarse a pagar su respectiva cuota para RTVE, aunque la ley establecerá desde este verano que el 0,9% de los ingresos brutos de las empresas de telefonía e internet se destinará a sufragar las cadenas públicas nacionales, sin la emisión de anuncios. Las cadenas privadas que emiten en abierto, principales beneficiarias económicas de los 500 millones que dejará libres en publicidad TVE, abonarán el 3% de los ingresos brutos, más un 1,5%  de los ingresos de las cadenas de pago.   El modelo está  calcado del puesto en marcha en Francia, a iniciativa del presidente Sarkozy.

Fernández de la Vega subrayaba ayer que la nueva normativa tendrá un “efecto  dinamizador” en el mercado publicitario mediático, por lo que consideró  “lógico” que los operadores privados destinen parte de sus ingresos a  financiar  la televisión pública.  La vicepresidenta aseguró que el Gobierno ha  atendido las observaciones del Consejo de Estado y de la Comisión del  Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), aunque sus informes “no son  vinculantes”.  La CMT, y todas las empresas de telecomunicaciones, han rechazado este proyecto,  y podrían presentar un recurso legal que impida el abono de ese 0,9%. El Gobierno, para suavizar su propuesta, al menos no sancionaría con el cese de la concesión a las empresas que objeten el pago. Sobre la diferencia de porcentaje entre las cadenas en abierto y de pago De la Vega explicó que este proyecto de ley atiende así una  recomendación del Consejo de Estado, que sugiere un régimen  diferenciado para los dos tipos de canales, ya que “ambas  fórmulas no dependen de la publicidad de la misma manera”.    

Los 500 millones que deja de ingresar RTVE por la publicidad se sustituyen por el 80 por ciento de la  recaudación procedente de la tasa sobre reserva de dominio público  radioeléctrico, lo que supondrá el 20 por ciento del presupuesto, sobre 213 millones; a lo que se suma la financiación de operadoras y cadenas, 100 millones y unos 300 millones respectivamente; más  la comercialización de servicios y productos de RTVE(venta de programas, música, libros), estimado en torno al 1%, 12 millones de euros. La subvención pública estaría sobre los 550 millones, pero podría llegar en un futuro a los 700 millones, un 45% del presupuesto, montante total que en 2009 no alcanza  los 1.100 millones y que en 2010 podría rondar los 1.200 millones. El aumento de la subvención atendería al mayor número de horas de contenidos para cubrir el actual tiempo de publicidad.  El proyecto limita al 10% del presupuesto, unos 120 millones, a la adquisición derechos deportivos, series y películas extranjeras.  De la Vega  aprovechó su intervención ayer para asegurar que este proyecto aspira a que TVE  se equipare a la BBC, al reforzarse “la independencia económica de la corporación”, garantizar “su equilibrio presupuestario”, asegurar “su estabilidad financiera” y  los cimientos de un nuevo modelo.

52 millones para la TDT

 El Consejo de Ministros autorizaba ayer el desembolso de 52 millones de euros para la cobertura de la TDT, cuya primera fase del apagón analógico, prevista para el 30 de junio, no podrá cumplirse. De esa cantidad 3,9 millones se destinan a Andalucía para las cuatro demarcaciones que ya afrontan la implantación definitiva de la TDT con retraso. La provincia de Huelva y el norte de las provincias de Córdoba, Almería y Granada aguardan al apagón. Probablemente estas demarcaciones incluidas en la primera fase pasarían a engrosar la segunda tanda, que deberá estar lista el 31 de diciembre y que en Andalucía afecta al Campo de Gibraltar y Almería y su entorno.

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