Nuevo paso para permitir la normativa de privatizaciones

  • Las comunidades autónomas podrán decidir la venta o cesión, total o en parte, de los canales públicos, mientras que el PSOE propone que ese servicio lo pueda suplir TVE

La reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual propuesta por el Gobierno, que permitirá la privatización de las televisiones públicas autonómicas, superaba ayer su primer trámite en el Congreso de los Diputados, con el apoyo del PP y UPN, la abstención de CiU y de Coalición Canaria, y el voto en contra de PSOE y del resto de grupos, con el rechazo de las cuatro enmiendas a la totalidad. El ministro de Industria, José Manuel Soria, volvió a justificar que estas medidas se orientan a solventar la "difícil situación económica" de gran parte de las cadenas autonómicas y recuperar la viabilidad económica, dejando la libertad a cada una de las comunidades autónomas.

Con esta reforma las cadenas regionales podrán ser explotadas, o gestionada en parte, por un concesionario privado. El actual gobierno de la Junta ha insistido en que durante la presente legislatura la RTVA mantendrá "al 100 %" su carácter público. Los gobiernos populares de Madrid y Castilla La Mancha sí han anunciado su próximo intención de privatizar Telemadrid y CMT respectivamente. En el caso de la cadena madrileña se ha planteado un ERE que se encamina a adelgazar la plantilla de cara a una futura venta. La reforma elimina la obligatoriedad que se establecía sobre las públicas a la hora de ejercer la producción propia de sus servicios informativos, pudiendo ceder a un tercero la producción y edición de esos contenidos. Esta medida podría también permitir que la nacional RTVE pudiera privatizar sus Servicios Informativos en caso de que así lo decidiera el futuro presidente de la corporación.

En el debate parlamentario de ayer la diputada popular Macarena Montesinos señalaba que la reforma no invade las competencias autonómicas, ni erosiona ningún derecho. A su vez Montesinos criticó la gestión socialista en comunidades como en Andalucía donde su cadena "secuestra la libertad de expresión y se anula a los partidos de la oposición". El portavoz del PSOE en la materia, Juan Luis Gordo, matizó que entiende como necesarias medidas que hagan sostenibles los canales públicos, pero no por el camino del PP. Desde el grupo socialista se plantea un convenio con RTVE para que sea la cadena nacional la que facilite el servicio público en aquellas comunidades donde hay que aligerar costes, en lugar de favorecer a intereses afines al Gobierno, "a amigos". Desde ERC se atisba la medida como una "hecatombe" que pretende erradicar las cadenas en catalán, mientras que la representante de UPyD tacha la normativa de "caótica".

Las cadenas autonómicas sumaron un coste de 1.468 millones de euros durante el año 2011, los recortados índices de audiencia y el descenso de ingresos publicitarios vienen a agravar la situación financiera y a cuestionar el papel de estos canales. Desde la federación de autonómicas, la FORTA, se elaboró recientemente un estudio en el que se defendía la labor pública por encima de los costes concretos que suponen estas empresas. El coste por habitante según ese informe es de 30,6 euros, por detrás de otros canales públicos regionales de Europa Occidental.

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