El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto-ley para aplicar una rebaja salarial media del cinco por ciento en las retribuciones de unos 285.000 trabajadores de la administración autonómica, de salud, de la docencia no universitaria y de Justicia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha afirmado que son medidas "difíciles y dolorosas" y "no son gratas ni para los ciudadanos ni para el gobierno", pero son "imprescindibles" para el proceso de recuperación económica.

La consejera ha reiterado la voluntad de la Junta de aplicar los recortes salariales a los trabajadores de las sociedades mercantiles del sector público andaluz (unos 40.000), si bien lo harán a través del diálogo social porque el decreto aprobado ahora no alcanza a este colectivo.

No obstante, la Junta ha incluido en el decreto un ajuste del gasto de las sociedades mercantiles mediante la no disponibilidad del cinco por ciento de los créditos, con lo que de manera indirecta les obliga a recortar gastos. "No es razonable que el esfuerzo no se aplique al conjunto de los trabajadores del sector público", ha alegado la consejera para defender que se extienda también a los trabajadores de las empresas públicas, aunque que se tiene que negociar vía convenio colectivo. En este sentido, Aguayo ha dicho que no contempla el escenario de que no haya acuerdo con los representantes de los trabajadores de las sociedades mercantiles y expresó su confianza en los gestores y en la parte social.

También negociará la Junta con los sindicatos de la enseñanza concertada la aplicación de dichos recortes salariales, ya que, según la consejera, hay un acuerdo que sirve de base para aplicar al personal docente del sector público y del privado el mismo criterio. La rebaja salarial, que tendrá carácter progresivo, se aplicará en la nómina de junio respecto a las retribuciones del 31 de mayo de 2010 y no afectará a la paga extraordinaria del mes próximo.

El recorte no afectará a los empleados públicos con salarios que estén 1,5 veces por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) -fijado en 949 euros en jornada completa-, y el ahorro para la Junta con esta medida se cifra en unos 340 millones en 2010 y unos 540 millones en 2011.

Con esta iniciativa, la Junta traslada el decreto del gobierno, convalidado en el Congreso, al ámbito competencial de Andalucía, establece los recortes en la misma proporción que la norma estatal (del 0,56 al siete por ciento) y se publicará en el BOJA el próximo martes. La consejera ha recordado que a partir del 1 de enero de 2010 las retribuciones de altos cargos (congeladas en 2009) se reducirán, y las del presidente de la Junta y los miembros del Consejo de Gobierno bajarán un quince por ciento.

Preguntada por medidas fiscales para gravar las rentas más altas, ha recordado que el presidente de la Junta dijo que no se descartaba ninguna medida, si bien en estos momentos no hay nada adoptado hasta que se conozca el escenario de recorte de gasto adicional que se planteará a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "necesariamente" antes del previsto para el 22 de junio. La convalidación del decreto aprobado por el gobierno andaluz ser hará en el Pleno del Parlamento posterior a la del Debate sobre el Estado de la Comunidad, previsto para el 9 y el 10 de junio.

La consejera ha hecho una alusión al trabajo de los empleados públicos, sobre los que ha declarado: "son el corazón de la prestación de servicio del Estado de Bienestar; los  profesionales que nos diagnostican cuando estamos enfermos, que nos tratan y nos cuidan cuando estamos malos, que enseñan a nuestros hijos y nos han enseñado a nosotros, y que cuidan a nuestros mayores".