Más de 4.000 niños granadinos con algún tipo de discapacidad o dificultad en el aprendizaje forman parte del sistema educativo este curso. La mayoría de ellos están escolarizados en centros ordinarios que cuentan con unidades de apoyo a la integración, pero los casos más graves se derivan a aulas o centros específicos. Aunque cada año son más los colegios privados concertados que suman a su oferta este servicio, la realidad es que en Granada tan sólo atienden al 24% de los alumnos con necesidades educativas especiales.

En total en la provincia de Granada hay 81 centros concertados, pero no todos atienden la diversidad, pues únicamente 993 escolares con discapacidad están matriculados en las unidades de apoyo de la concertada. Mientras tanto, en la pública están integrados 3.145 niños. Según la información facilitada por la Delegación Provincial de Educación, "todos los centros públicos tanto de Primaria como de Secundaria, 368 en total en la provincia, escolarizan al alumnado de integración".

También hay una diferencia notable entre las aulas específicas de los centros públicos, que son 103 en Granada (en las que están matriculados 526 alumnos) y las 10 de los centros concertados (con 149 alumnos). Sin embargo, la provincia cuenta con seis centros específicos concertados (que atienden a 493 alumnos) cuando público sólo existe uno, eso sí, con 82 alumnos.

Según Educación, "la Administración siempre responde afirmativamente a todo centro docente privado que solicita este concierto, siempre que lo realice en el plazo correspondiente". El curso pasado se cambió la normativa de escolarización y se fijó de forma obligatoria que todos los centros sostenidos con fondos públicos reserven cinco plazas por unidad para alumnos con necesidades educativas especiales, término que engloba también a los discapacitados.

La Junta es la que asume el coste salarial del profesorado de apoyo, así como los gastos variables y de funcionamiento que conllevan las aulas específicas, según afirman desde Educación. En su autonomía, los centros privados pueden organizar los recursos humanos y materiales que se les asignan para atender a la diversidad, siendo de iniciativa propia solicitar o no unidades de apoyo o aulas específicas.

Algunos centros consideran que la inversión en eliminar barreras arquitectónicas y adaptar las infraestructuras antiguas es demasiado alta para sus bolsillos. Otros en cambio vieron la necesidad de cubrir la demanda de las familias con hijos discapacitados y apostaron por su adaptación.

El colegio público Jabalcón, de Baza, con 225 alumnos, atiende desde hace 27 años a menores con discapacidad. Actualmente tiene dos aulas específicas de atención a los discapacitados en las que están matriculados 16 alumnos, la mitad de ellos integrados en clases ordinarias apoyados por monitores específicos, pero sólo para las asignaturas de educación física y plástica y las actividades extraescolares. La mayoría de estos alumnos son plurideficientes, algunos están en sillas de ruedas sin que puedan recibir estímulos sensoriales, otros padecen enfermedades raras, dos son autistas, uno tiene epilepsia, dos son discapacitados mentales y otro es síndrome de down, entre otros casos.

"La atención que requiere este alumnado obliga al centro a contar con unas infraestructuras y unos medios técnicos adaptados (rampas, accesos ampliados, sillas, ordenadores, etc.) que muchos otros centros no tienen, de ahí que el Jabalcón tenga todos los años alumnos en listas de espera que no puede atender", explica el director Javier Fernández que asegura que la presencia de este alumnado enriquece a todos los alumnos y profesores.