La opinión invitada

La Comisión Europea deja que el sector gestione su crisis

  • El autor analiza las propuestas de Hogan para lácteo, porcino, frutas y hortalizas.

EL pasado 14 de marzo el comisario de Agricultura, Phil Hogan, presentó al Consejo de Ministros de Agricultura sus propuestas para paliar los efectos de una crisis que se está alargando más de lo previsto en varios sectores productivos, especialmente, en el lácteo, el porcino y las frutas y hortalizas.

Entre las medidas presentadas destaca la activación del art. 222 de la OCM Única para el sector lácteo, que permite por un período de 6 meses, prorrogable otros tantos, a organizaciones de productores, interprofesionales o cooperativas concertar la producción con el objetivo de retirar o planificar parte de ella y provocar un aumento de precios en la producción. Ésta es la primera vez que la UE habilita esta gestión privada de la oferta.

Además, se prevé doblar la cantidad de mantequilla y leche en polvo destinada a la intervención, ya existente y muy limitada; aplicar el almacenamiento privado en el porcino en el momento más adecuado de la campaña; doblar de 15.000 a 30.000 euros anuales la cuantía de ayudas de estado a las explotaciones dentro de minimis (ayudas públicas nacionales permitidas por la legislación comunitaria sin necesidad de contar con el permiso de la CE). Por otro lado, se prevé facilitar la refinanciación de la deuda de las explotaciones a través determinados instrumentos financieros comunitarios o incluso se estudian los créditos a la exportación. Por último, en el caso de las frutas y hortalizas se prevé prorrogar las medidas extraordinarias a causa del veto ruso en previsión de su continuidad más allá del 30 de junio. Paralelamente, la Comisión continuará su estrategia comercial de abrir mercados y diversificar las exportaciones. El paquete anunciado se detallará en breve para que pueda entrar en vigor a fina de abril o mayo.

La Comisión opta por dejar que el sector se autoorganice, evitando la acción de defensa de la competencia. Sin embargo, no hay dotación presupuestaria y los márgenes presupuestarios estarán probablemente destinados al problema de la inmigración. El último de los recursos sería utilizar el fondo de crisis, que supondría reducir los pagos directos de la PAC, una circunstancia y coste político que ningún gobierno parece estar dispuesto a asumir.

La pregunta es si estas medidas serán o no efectivas. La respuesta está en manos del propio sector y de la actuación responsable y pedagógica de la Administración, que comprenda el limitado potencial de las mismas y el mensaje estratégico que se envía desde Bruselas.

En la leche el artículo 222 consiste en retirar producto con financiación privada, es decir, los operadores se podrían poner de acuerdo para concertar la no producción o la retirada de producto para aligerar el mercado. La cuestión clave es que el mercado europeo es uno, y la aplicación de esta medida voluntaria en un país podría no ser eficaz en otro por el trasvase de producciones. Pero además, en aquellos países donde el sector no está concentrado en cooperativas dimensionadas y bajo el poder de la industria, como es el caso de España, resultará muy complicado convencer a los operadores a que acuerden una limitación productiva con intereses y estrategias tan contrapuestas entre la producción y sus cooperativas y la industria privada. Será en la interprofesional láctea, Inlac, donde se analizará esta medida y sus efectos.

En el caso del porcino, la aplicación del almacenamiento privado es la única medida con la que cuenta el sector. Lo que se retira ahora tiene un impacto limitado y vuelve a entrar en circulación tarde o temprano, y esto es un problema si el bloqueo de determinados mercados continúa, como el veto ruso o el estancamiento del consumo en el mercado chino.

En frutas y hortalizas, el veto ruso ha supuesto para España una pérdida de mercado de alrededor de 220 millones de euros al año. La única medida de gestión de crisis es la retirada de producto. La retirada para destrucción solamente está disponible en el marco de los programas operativos, es decir, que sólo afectan a los socios de una OPFH, que financia el 50% de la misma a través de su fondo operativo y el 50% restante proviene de fondos comunitarios. Actualmente, el uso de esta medida es limitada porque el precio de retirada es un 30% del valor del producto. Sobre la distribución gratuita, la financiación es del 100%, pero la planificación y logística es muy compleja para gestionar millones de kilos de frutas y hortalizas frescas para consumir casi de inmediato. En España se ha optado por la distribución gratuita de producto transformado, especialmente zumo, que ha tenido por el momento mayor impacto.

Creo que sólo aquello países donde haya un sector organizado y cohesionado se podrán aprovechar estos instrumentos. El resto descubrirá que ante todo tiene un problema estructural, además de un problema de mercado. Esto viene a demostrar una vez más que un sector cooperativo fuerte y dimensionado sirve para afrontar con mayor garantía y capacidad de adaptación los avatares de un mercado con frecuentes tensiones y ya sin instrumentos de la PAC que solventen la papeleta.

Las diferentes administraciones, comunitaria y estatal, harían bien en no echar las campanas al vuelo y entender que nos encontramos ante un reto estructural. Si no, el peligro es generar mayor frustración de la que ya existe, y dejar por el camino a efectivos que generen mayores problemas colaterales mucho más caros de resolver en un futuro no muy lejano.

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