La pandemia y la declaración del estado de alarma han tenido enormes repercusiones que han afectado a todos los sectores productivos en mayor o menor medida. Agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas agroalimentarias hicimos un esfuerzo adicional durante el confinamiento para atender la desbordada demanda de los momentos iniciales.

Tanto los ciudadanos españoles como los gobernantes pudieron comprobar con alivio que el suministro alimentario en España no peligraba, los agricultores estábamos ahí para garantizarlo.

Sin embargo, este esfuerzo no ha encontrado la respuesta adecuada ni en el Gobierno de España ni en la Comisión Europea, que a finales de mayo presentó las estrategias del “Pacto Verde” o “Green Deal” (“De la granja a la mesa” y “Biodiversidad en el horizonte 2030”), dos propuestas que cercenan las posibilidades de desarrollo de la agricultura y la ganadería europeas y limitan aún más la rentabilidad del sector y sus posibilidades de competir con terceros.

Con tantas trabas es difícil que nuestra agricultura sea la palanca que impulse el crecimiento y el empleo, puesto que los problemas que arrastraba el sector antes de la crisis sanitaria se han agravado: los precios en origen continúan hundidos, los cambios en la Política Agraria Común (PAC) generan más incertidumbre y las nuevas barreras comerciales limitan aún más nuestras exportaciones.

El mundo está lejos de ser esa área franca en la que bienes y servicios se mueven prácticamente sin limitaciones. Ese mundo de liberalización comercial multilateral que algunos vaticinaban a finales del pasado siglo y en el que la Organización Mundial de Comercio (OMC) y sus acuerdos tenían un papel preponderante que establecía los límites de políticas públicas tan importantes como la PAC, ha quedado postergado.

“El mundo está lejos de ser esa área franca en la que bienes y servicios se mueven libremente”

El panorama en 2020 es radicalmente distinto. El multilateralismo está herido de muerte y las guerras comerciales se han recrudecido. En este nuevo tiempo en el que decenas de países -siguiendo la estela de Estados Unidos- levantan barreras arancelarias, sólo la Unión Europea, con 76 acuerdos comerciales en vigor, mantiene el rumbo que ya tenía trazado y continúa abriendo sus fronteras a las producciones de terceros países que, en muchos casos son agroalimentarias, por lo que los efectos de cada nuevo acuerdo preferencial recaen básicamente sobre las espaldas de los agricultores europeos.

Por tanto, el sector agrario es uno de los que más sufre la doble presión de esta pinza comercial. Por un lado, el incremento indiscriminado, arbitrario y selectivo de los aranceles encarece o directamente limita las exportaciones agrarias y alimentarias; mientras que, por otro lado, los productores sufren la competencia desleal derivada de las importaciones indiscriminadas de productos agrarios y alimentos de los países que se están viendo favorecidos por los acuerdos comerciales que la Unión Europea suscribe.

Acuerdos pendientes

En estos momentos está aún pendientes de ratificar el acuerdo comercial con Mercosur, muy lesivo para todo el sector agropecuario europeo; y el polémico acuerdo comercial con Vietnam, perjudicial sobre todo para el sector arrocero. Aceite, aceitunas, vino, naranjas, mandarinas, arroz, fresas, tomates, sandías, cebollas, ajos, garbanzos… la lista de productos sometidos a la doble presión de esta pinza es extensa y se amplía con cada nuevo acuerdo.

En el siglo XXI los conflictos se han trasladado a un nuevo escenario. Las desavenencias entre países y bloques se dirimen ahora en el ámbito comercial.

Rusia inició esta senda en 2014 con el veto a las importaciones cárnicas y hortofrutícolas europeas, continuó Estados Unidos con la imposición de aranceles a los países europeos (aceitunas, aceite de oliva, vino, quesos y otros) y ahora es el Reino Unido el que utiliza la amenaza de fuertes imposiciones arancelarias a las producciones cárnicas y hortofrutícolas para lograr de la UE un acuerdo comercial post-Brexit más favorable a sus intereses.

Pero no son sólo los grandes países los que aprovechan la debilidad de la OMC. En este nuevo escenario otros más pequeños se suman a la ola proteccionista, tal como ha hecho recientemente Costa Rica, que ha elevado el arancel a la importación de azúcar blanco del 45% al 79,27%.

Principio de reciprocidad

Desde Asaja somos firmes defensores del comercio y de su aportación a la actividad económica y al desarrollo, pero siempre que juguemos todos con las mismas reglas. Es necesario que se respete el principio de reciprocidad. Los agricultores y ganaderos no pueden verse lanzados a competir en los mercados exteriores con una mano atada a la espalda mientras que el resto juega con las dos y compite fuera o en nuestro propio terreno sin cumplir las reglas a las que los europeos estamos sujetos y aprovechando además las ventajas que les otorgan los acuerdos preferenciales.

Tanto el Gobierno de España como la Unión Europea deben ser conscientes de esta realidad y deben trabajar con firmeza para reencauzar las relaciones comerciales y evitar que sectores estratégicos para la alimentación de sus propios ciudadanos sean dañados o, peor aún, desmantelados por la falta de reciprocidad.