La Consejería de Medio Ambiente tiene una gran responsabilidad sobre el medio rural y sus habitantes. Como resulta obvio, hasta el punto de que hasta hace unos meses formaba una misma unidad con Agricultura. Juntas o separadas estas competencias en Andalucía no se pueden entender sin que desde ambas partes se trabaje en la misma dirección.

-En su momento se criticó que se dividieran Agricultura y Medio Ambiente porque hay muchos temas en los que las decisiones están muy relacionadas.

-Hay perfecta coordinación entre ambas consejerías. Creo que Medio Ambiente tiene un peso específico en Andalucía como para tener una consejería propia ya que Agricultura también lo tiene y la macroconsejería anterior hacía que las políticas medioambientales quedaran un poco difuminadas.

-Precisamente la negociación de la Política Agraria Común y el recorte de los fondos de desarrollo rural repercuten en ambas consejerías, ¿a qué tipo de proyectos puede afectar?

-La PAC es muy importante para nuestra tierra. En ese sentido comparto las valoraciones de la consejera de Agricultura cuando manifestó que el campo andaluz era más pobre por este reparto injusto que ha hecho el Gobierno de los fondos de la PAC. En el segundo pilar de la PAC, donde se ubican los planes de desarrollo rural, hay un 30% de ayudas medioambientales, entre los que se incluyen apoyos a regadíos o caminos rurales. Hemos perdido 211 millones y pierde Agricultura, Medio Ambiente y, sobre todo, Andalucía. Y no está justificado porque la región es la única que baja en fondos cuando las demás suben.

-El ministro Arias Cañete dice que Andalucía recibió 500 millones de más en el periodo financiero anterior y desde el PP se dice que aún hay al menos 600 millones sin ejecutar.

-También recibieron más Extremadura y Castilla-La Mancha y no les han bajado los apoyos. Madrid no ha ejecutado nada y no ha bajado. Nosotros todavía no hemos cerrado el marco, cuando se cierre se podrá saber cuánto está ejecutado o no.

-El futuro de una finca ubicada en Andalucía, La Almoraima, está crispando esas relaciones de la Junta con el Ministerio.

-En la reunión que mantuve el pasado 8 de enero con el ministro me comunicó esa intención y ahí le pedí que no la vendiese, que el Estado y su Ministerio reconsiderasen su postura, que deseábamos que siguiera siendo pública y que si ellos no la querían gestionar o no veían rentable su explotación pública, que la cediera a la Junta de Andalucía para que la gestionara y la hiciera económicamente viable como en otros momentos había sido. Ahí el ministro fue rotundo y dijo que no y que, si la queríamos, pujáramos por ella. Además le puso precio. Más alto. Como ya se dijo, 300 millones de euros. El Gobierno de España mantiene que la economía se está recuperando, pero no entiendo cómo dentro de esa recuperación entra vender un patrimonio natural, la selva mediterránea, un pulmón para Andalucía al tener la mayor presencia de alcornocal.

-¿Por eso se ha planteado la ampliación como parque natural?

-La ampliación estaba ya planteada. Estamos trabajando desde hace año y medio en la adaptación de todos los parques naturales a la directiva Hábitat. En este sentido era necesario acometer la modificación del plan de 2004 que ya planteaba una vigencia de 10 años. Además, las juntas rectoras habían pedido la ampliación del parque natural, como en Fuente de Piedra, Doñana, Sierra de Cazorla y estaba dentro de esa serie. Pero cuando oí de voz del ministro diciendo que no estaba dispuesto a retractarse en la venta decidimos que aparte de la justificación jurídica, ambiental y social, tenía también la justificación política para proteger a todos los andaluces y que no podíamos permanecer impasibles a los intentos de privatización.

-De todos modos parece que es momento de hacer caja con lo que se puede. La Junta de Andalucía ha puesto en venta también las fincas del IARA (Instituto Andaluz de la Reforma Agraria).

-Las comparaciones son odiosas, no tiene nada que ver. No es lo mismo fincas agrícolas a otras de valores medioambientales increíbles que pueden convertirse en ese corredor ecológico del Mediterráneo, y los propios ecologistas la llaman la Capilla Sixtina por sus alcornocales. De todos modos, no podemos impedir que la vendan porque, aunque se amplíe el parque, la propiedad sigue siendo del Ministerio, pero se tratará de disuadir a los posibles inversores de su interés por comprarla.

-¿Y Castellar no pierde una oportunidad de desarrollo económico, como dice el ministro?

-No debería tener ese doble lenguaje. Si tan interesado está, ¿por qué ha quitado a Andalucía 211 millones del Plan de Desarrollo Rural? Hay que tener la misma medida para todo. En los fondos de desarrollo rural y de la PAC hay que tener el instrumento y medios para poder fomentar el potencial de la Andalucía rural. Nunca entenderemos cómo un ministro puede decir que proteger el patrimonio natural es impedir el desarrollo económico. El desarrollo económico puede ser sostenible y fijar la población. Yo diría a los habitantes de Castellar que pueden conseguir desarrollo y riqueza. Con el desarrollo especulativo que plantea el ministro, eso se deslocaliza inmediatamente cuando deja de ser rentable para el inversor.

-Parece difícil el equilibrio entre conservacionismo y usos agrícolas. En algunos cultivos hay algunas tensiones, como en el arroz.

-Los arroceros están preocupados por el tema de los cangrejos que afectan a sus cultivos y hemos hablado con Agricultura sobre ello. Queremos procurar que los espacios protegidos también generen actividades económicas e incluso se potenciarán algunas como la recogida de piña, el corcho, el ecoturismo... actividades que puedan dejar empleo vinculados al medio natural .

-Y el dragado del Guadalquivir preocupa mucho a los arroceros.

-Ahí no vamos a ceder a ninguna autorización que no cumpla con todos los requisitos, como la protección de márgenes además de la resolución de la comisión científica. En esto digo lo mismo que el ministro. Él dice que no iba a pasar como el ministro que salinice los cultivos de arroz y yo tampoco quiero ser la que salinice el estuario del Guadalquivir. Hay que tener en cuenta que hay un informe sobre Red Natura que tiene que emitir el Ministerio que refrende que los trabajos no afectan negativamente. Sin plena seguridad, no podemos autorizar.

-En Doñana hay una serie de conflictos de intereses, desde los pozos ilegales a la preservación parque. ¿En qué sentido se está trabajando para compatibilizarlos?

-Hay que compatibilizar la conservación y protección con el aprovechamiento económico en los espacios protegidos. Ahora bien, entendemos que el corazón de los parques nacionales debe preservarse en mayor medida porque confluyen características de biodiversidad, fauna y flora que deben prevalecer sobre otros criterios. Respecto a Doñana, está la problemática de los regadíos, y se está afrontando la Corona Norte forestal que intentará regularizar un uso sostenible del agua de Doñana para el regadío. En ese sentido estamos ultimando el documento, complejo, bajo la lupa de todos los sectores. Estamos tratando de que sea lo más solvente posible desde el punto de vista técnico y en breve estará terminado. Tenía que haber ido ya al Consejo de Participación de Doñana, pero hemos querido que sea un documento con una justificación técnica y jurídica con las máximas garantías.

-Los ecologistas desconfían de la protección al acuífero 27.

-Entiendo la preocupación de los ecologistas cuando hacen referencia a la problemática que suele tener el acuífero 27 y de ahí que le pidiese también al ministro que estudiásemos en profundidad en qué estado se encuentra para tener una idea de qué puede suponer. Después del estudio tomaremos las medidas necesarias.

-Ha recibido recientemente a las asociaciones de regantes, unos interlocutores importantes.

-En materia de regadíos tenemos competencia en las concesiones de agua, mientras la autorización para regadíos es de Agricultura. Fundamentalmente sus reivindicaciones van en el sentido de que seamos ágiles a la hora de decidir esas concesiones. También cuestiones de tramitación de expedientes en mejoras de infraestructuras, que aunque sean de Agricultura deben pasar por las autorizaciones medioambientales. Y aunque saben que no es competencia nuestra, me han solicitado apoyo frente a las altas tarifas eléctricas y desde esta Consejería se lo damos.

-¿Se ve razonable que sigan aumentado las hectáreas en riego?

-Desde aquí no tenemos nada que decir, es Agricultura la que tiene competencias.

-Otro conflicto con un proyecto del gobierno: la Ley de Parques Nacionales. Se habla de una posible invasión de competencias.

-Desde la Consejería ya le manifestamos al Ministerio nuestra posición contraria al proyecto de Ley que se aprobó en Consejo de Ministros porque entendemos que no era necesario ahora regular con una ley nueva algo que ya estaba condensado en la actual, que representa el consenso de todas las comunidades autónomas, máxime cuando recogía el pronunciamiento de Tribunal Constitucional. Por tanto, negamos la mayor, consideramos que el proyecto de ley es inoportuno e innecesario y además puede plantear conflictos económicos sociales y políticos. A partir de ahí también presumimos que va a invadir competencias de la comunidad autónoma. Estamos haciendo un análisis del proyecto de ley y, si consideramos que ese análisis jurídico es inconstitucional, lo recurriremos al Tribunal Constitucional.

-¿En qué cuestiones invade competencias?

-El Ministerio se reserva la capacidad de decretar actuaciones que entendemos que son competencia de la comunidad. Luego discrepamos en otra serie de cuestiones como en la posibilidad de transformar suelos o permitir usos urbanísticos en parque nacionales. El Consejo de Estado ya le recomendó al Ministerio una revisión del texto porque entendía que podría invadir competencias y crear conflictos entre regiones.

-Cuando el ministro plantea que el Gobierno intervenga en un caso de emergencia en un parque, ¿qué entiende con eso? ¿Intervenir en un incendio?

-La gestión de los parques nacionales corresponde a las comunidades autónomas. En ese sentido somos los que tenemos que determinar cuando hay una emergencia en el parque.

-Todos los veranos nos acordamos cuando hay incendios de las tareas de limpieza de los montes en invierno, ¿dónde encajan ahí los recortes en la Agencia de Medio Ambiente y el Infoca?

-Ahora hay una responsabilidad de adecuar la administración autonómica impuesta en parte por el Gobierno central. Lo que estamos es estudiando medidas. Lo que se ha publicado no es del todo cierto. Vamos a intentar mantener todo el empleo público y tratar de hacer ajustes de la manera más eficaz y sostenible posible sin hacer daño a los trabajadores. El Infoca hace un trabajo magnífico. Además, tenemos que emprender acciones en la lucha contra el cambio climático. Es una realidad evidente, el cambio climático está ahí y estamos trabajando en una Ley de Cambio Climático que empezará a tramitarse este semestre y vendrá de una vez a contribuir de una manera especial en Andalucía para evitar sus efectos.