La juez Alaya anunció hace unos meses que aún quedaban algunos peldaños por subir en el "escalón de la pirámide" del escándalo de los ERE y ayer dio un "paso cualitativo", según la expresión acuñada por la propia magistrada en un nuevo auto que ha dado un giro espectacular a la investigación. La instructora decidió ayer imputar a veinte altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos la ex consejera de Hacienda y Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, y el actual viceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano Peña, uno de los hombres más próximos al presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Con este nuevo auto notificado ayer, Alaya estrecha el cerco sobre el propio Griñán, que sucedió a Magdalena Álvarez en la Consejería de Economía, y sobre el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, quien al inicio del caso atribuyó el fraude a la actuación de "cuatro golfos". Desde el inicio de la investigación, Alaya ha apuntado en alguna de sus resoluciones que Griñán conoció los "reparos" de la Intervención de la Junta al pago de las ayudas y, en noviembre de 2011, a tan sólo cinco días de las elecciones generales, llegó a pedir información sobre las ayudas que fueron autorizadas en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, y de la actual titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

En el listado de los veinte nuevos imputados, la juez incluye además cuatro viceconsejeros de Hacienda, Empleo e Innovación (José Salgueiro, Justo Mañas, Gonzalo Suárez y Jesús Rodríguez Román); tres secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo; cinco directores generales del IFA/IDEA, entre ellos el actual; y otros cargos como el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, que comparecerá ante la magistrada el próximo 25 de julio. En el listado de nuevos imputados no figura, por el momento, ningún aforado.

En el auto, Alaya advierte que ha "llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas que, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido el uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que indiciariamente se ha venido observando a lo largo de la presente instrucción".

La juez considera que, a través de las investigaciones practicadas resulta "claro" que el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, a través de la modificación presupuestaria o de los presupuestos, "habría permitido la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora, en la que se requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención".

La imputación de la ex consejera de Hacienda se deriva, según Alaya, de que fue la persona que "dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", aunque las transferencias de financiación venían utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001. En estas anualidades, prosigue la juez, las transferencias "no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".

La instructora recuerda que de acuerdo con la ley general de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ley 5/1983) corresponde al consejero de Hacienda "velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia". Con esta argumentación, Alaya ha imputado a Magdalena Álvarez y al que fuera su viceconsejero entre 1990 y 2004, José Salgueiro.

En cuanto a la imputación de Antonio Vicente Lozano Peña, actual viceconsejero de Presidencia y uno de los hombres del entorno del presidente Griñán, la instructora concluye que éste, como director general de Presupuestos "tendría una importante intervención en las modificaciones prespuestarias y en los prespuestos de la comunidad autónoma donde se mantendría durante muchos años las transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago de las subvenciones del programa 31.L", partida conocida popularmente como el "fondo de reptiles".

La imputación del que fuera interventor general de la Junta durante diez años (2000-2010) se produce por el "indiciario conocimiento del uso indebido de las transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales y de los desfases presupuestarios que ello estaba generando".

De otro lado, la imputación de los directores generales del IFA e IDEA viene argumentada en el auto porque a partir de 2004, el IFA pasa de ser un ente perteneciente a Empleo a depender de Innovación, y en ese momento, los "responsables de la consejería de Innovación debieron tener conocimiento del déficit de financiación que existía en IDEA de las ayudas del programa 31L, ya que por ejemplo en el año 2005 en la memoria de las cuentas anuales de dicha agencia, figuraba que se adeudaban más de 95 millones de euros por las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo, pues parece ser que desde 2002 a 2010, debido al déficit existente en la financiación de las ayudas, la agencia IDEA tuvo que anticipar los fondos necesarios para realizar los pagos ordenados por la Consejería de Empleo". Esto justifica, según Alaya, la imputación de los viceconsejeros de Innovación y de los responsables de IDEA.

En el auto, la instructora también ha citado a declarar para mañana al abogado Carlos Leal Bonmati, que dirige el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, y que es el último de los imputados en la operación Heracles de la Guardia Civil que aún no había declarado.