La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha solicitado la Junta de Andalucía que aporte todos los expedientes de las ayudas sociolaborales que se hayan tramitado entre los años 2010 y 2012 por las consejerías de Economía y Empleo y de Hacienda y Administración Pública para los ex trabajadores de Delphi.

En un nuevo auto, la juez acepta la petición realizada en noviembre de 2013 por la acusación particular que representa el PP y reclama en concreto todos los expedientes de ayudas sociolaborales –dictados al amparo de la orden de 1 de abril de 2011 o no- que se hayan tramitado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en los años 2010, 2011 y 2012 con cargo al programa presupuestario, especialmente el 72C que, según explica la instructora, ha sido utilizado en el caso de los ex trabajadores de Delphi Automotive System España que se acogieron a un proyecto personal de inserción laboral. De la misma forma, Alaya ha pedido todos los expedientes de pago de ayudas sociolaborales que se hayan tramitado en el mismo periodo por la Consejería de Hacienda y Administración Pública con cargo presupuestario al programa 31L, “o a cualquier otro programa presupuestario, especialmente el 72C” que se aplicó en Delphi.

En el auto, la juez accede igualmente a la petición de la defensa del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín para que se requiera a la Junta si existen dos correos electrónicos enviados por el responsable de esta mediadora de las pólizas al entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá en los que el primero “hacía ver e insistía en la necesidad de invitar a más mediadoras, propiciando con ello una real y mayor competitividad y con el objetivo de abaratar las pólizas”.

La instructora también ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que requiera a Vitalia una relación de los pagos que en concepto de “nóminas, fijos variables o de otra naturaleza” se hayan efectuado al matrimonio compuesto por Antonio Albarracín y María José Marcos Ferriza y a la sociedad de ambos Permar.

De otro lado, la juez ha rechazado la petición de la defensa de los ex directores generales de Fianzas de Idea Pablo Millán y Juan Vela Quiroga para que se citara para ratificar su informe a los peritos de  la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que en su día avalaron todas y cada una de las sospechas de la instructora. Los peritos incluyeron en ese informe desde la "inadecuada" e "improcedente" utilización de las transferencias de financiación para la concesión de las ayudas hasta la absoluta ausencia de procedimiento legal para la concesión de las subvenciones, lo que impidió la fiscalización previa por el interventor delegado en la Consejería de Empleo. El informe pericial contiene un reproche fundamental por no haber adoptado medidas para evitar el fraude a tres ex consejeros de Economía y Hacienda, los que ocuparon el cargo en el período entre 2000 y 2009: la ex consejera Magdalena Álvarez, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y la ex consejera Carmen Martínez Aguado.

Alaya ha rechazado ahora que los peritos comparezcan para ratificar este informe y los dos complementarios que han emitido además, porque "teniendo en cuenta que en virtud de los autos dictados al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo, son nueve las personas aforadas respecto de las cuales podría derivarse responsabilidad penal por las presentes actuaciones", por lo que según Alaya "es procedente, a fin de no causar indefensión a los mismos, demorar la ratificación del informe pericial para que sea practicada en su sede definitiva".