A José Antonio Viera  muchos le ubican en la cúspide de la pizarra de los ERE fraudulentos. Consejero andaluz de Empleo de 2000 a 2004, la Guardia Civil le atribuyó hace más de dos años "un papel esencial" en la trama". Durante buena parte de este tiempo la instrucción judicial pasó sin rozarle, lo que otros muchos explicaron en su condición de aforado. El Tribunal Supremo estudiará a principios de septiembre tanto la implicación de Viera, diputado del PSOE  en el Congreso, como de los otros ocho políticos que han pertenecido a la Junta de Andalucía y que ahora son diputados nacionales o autonómicos y senadores después de que esta semana la juez Mercedes Alaya elevase el caso por la presencia de aforados.

En la "exposición razonada" remitida al tribunal, Alaya describe lo que en su opinión ocurrió para que durante diez años fondos públicos para ex trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) acabasen en otros destinos y denomina a Viera como "uno de los creadores del sistema". La juez expone que junto a su equipo -con su sucesor, Antonio Fernández- puso en marcha el uso de las transferencias de financiación para eludir los controles administrativos, lo que consagró con la firma de un convenio en 2001 para derivar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Creado este "procedimiento específico" que en opinión de Alaya conocían buena parte de la cúpula de la Junta de Andalucía, Viera utilizó el fondo "con gran discrecionalidad, disponiendo él y los que le siguieron de los fondos públicos en beneficio de terceros, de forma absolutamente libérrima". Durante los cuatro años de Viera, Alaya cifra en 311,4 millones las ayudas concedidas "al margen del procedimiento legal", dos préstamos por 364.000 euros y otros 5,3 las comisiones a intermediarios.

Lo más llamativo es que la juez  acusa a Viera de utilizar estos fondos "en beneficio de empresas y personas cercanas a los sindicatos UGT y CCOO, o bien próximos a la Administración o al PSOE andaluz (...), creando una red clientelar de beneficiarios respecto de dicho partido político y sindicatos a través de la Junta de Andalucía mediante la disposición de fondos públicos a favor de éstos por mera liberalidad". Así Alaya da cuenta al Supremo de las ayudas otorgadas por Viera en su etapa de consejero de Empleo a "próximos", en muchas ocasiones por relaciones de amistad. Es el caso por ejemplo de ayudas que fueron a parar no a trabajadores, sino a ayuntamientos como el de Guadalcanal, o a empresas (lo que debería haber sido una excepción) de la Sierra Norte de Sevilla. Viera es natural de Villamanrique de la Condesa, fue concejal en Tocina y pertenece al PSOE de Sevilla desde 1981.

Alaya destaca que durante el periodo en el que Viera estuvo al frente de la Consejería de Empleo, el total de las ayudas directas a la Sierra Norte de Sevilla fue de 30,9 millones de euros, "importante agravio comparativo si contemplamos que para el resto de Andalucía las ayudas en virtud del mismo programa sólo importaron 24,9 millones". Añade la exposición razonada que el "agravio comparativo" alcanzó incluso a las formalidades, pues para la provincia de Jaén las ayudas a empresas "requerían el cumplimiento de todos los trámites y fases que la ley impone" mientras que en la Sierra Norte "ni existía solicitud, ni documentación, ni valoración, ni propuesta, ni resolución motivada, ni fiscalización, ni acreditación del destino de las ayudas".

Viera permitió "la concentración de un elevadísimo número de ayudas" en la Sierra Norte, dado que frecuentaba aquella zona y tenía allí un importante "círculo de relaciones", a lo que se unía el hecho de que Francisco Javier Guerrero (director general de Trabajo desde 1998 a 2008) era natural de un pueblo de la comarca, El Pedroso, y había sido su alcalde.

Un grupo que se vio favorecido por la "masiva y continuada concesión de ayudas públicas" a esa zona fue el de los empresarios José Enrique Rosendo, "muy cercano al entorno personal" de Viera y José María Sayago, que durante el tiempo de Viera como consejero percibieron 13,2 millones de euros. En un Consejo Rector celebrado el 30 de enero de 2004, presidido por Viera, se aprobaron ayudas a este tándem empresarial por 9,4 millones. Una hija de Viera fue responsable de comunicación de este grupo y llegó a cobrar 48.189 euros en un año, destaca la juez.

Otro grupo de empresas que concentró un número considerable de ayudas fue el constituido por las sociedades de Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra y hermano del ex presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, cuyo total ascendió a 9 millones de euros, de los que 4,8 fueron concedidos en la etapa de Viera como consejero.

Alaya subraya el "extraordinario" interés de la Consejería de Empleo por favorecer a determinados empresarios de la comarca, lo que llevaría a sus responsables, bajo el mandato de Viera, a "conceder de manera injusta y con absoluta carencia de procedimiento ayudas directas por el solo hecho de estar ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla y por tener éstos relación de amistad  con los dueños".