La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, decretó ayer una fianza de responsabilidad civil de 46,6 millones de euros para Antonio Vicente Lozano, viceconsejero de la Presidencia de la Junta hasta la semana pasada y ex director general de Presupuestos de la Junta en una etapa anterior. La cuantía causó conmoción en el PSOE, que sigue defendiendo como "injusta" la imputación de este ex alto cargo, hasta principio de este mes número dos en la Consejería de la Presidencia de la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, y uno de los hombres de confianza de José Antonio Griñán. La suma es superior, por ejemplo, a la fianza civil decretada en su día por el juez Ruz para el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, de 43,2 millones de euros.

Entre los cuatro autos notificados ayer, Alaya incide en el procedimiento que utilizó la Junta durante una década para otorgar las subvenciones y subraya que Lozano "pudo o debió" como director de Presupuestos conocer el uso de las transferencias para otorgar subvenciones.

Alaya expone que Lozano reconoció en su declaración del pasado jueves que la partida de transferencias de financiación "no podía utilizarse para conceder subvenciones" y que, al obviar el procedimiento legalmente previsto para gastos de esta naturaleza, se evitaba "la fiscalización previa por parte de la Intervención General".

En su declaración, Lozano contestó a una decena de preguntas, pero aconsejado por su abogado interrumpió su declaración y se acogió a su derecho constitucional a no declarar al entender que no se estaban "respetando" sus garantías. La instructora le había reprochado que hacía "teatro".

El PP y Manos Limpias pidieron a la juez que impusiera al imputado una fianza de 57 millones de euros -correspondientes a las modificaciones presupuestarias que tramitó-, más el tercio legal previsto, en total 76 millones. Alaya finalmente fija en 35 millones las responsabilidades pecuniarias de Lozano que, sumado el tercio legal prevista, asciende a 46.666.666 euros.

La magistrada justifica la fianza en la "apariencia de antijuricidad", el "peligro de insolvencia por la demora en las actuaciones, las cuales por su complejidad se prevén dilatadas en el tiempo"; y la "proporcionalidad", porque considera que es una medida "justa y de equilibrio" ya que también se adoptó "respecto de altos cargos de la Consejería de Empleo".

La juez reconoce que esta medida contra Lozano puede entrar en contradicción con su decisión, también notificada ayer, de no imponer ninguna fianza al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, pero argumenta que este último "a través del informe adicional de 2005 y a través de informes posteriores" expuso explícitamente los hechos y sus consecuencias a sus superiores. Y ello pese a que la advertencia del ex interventor general "no se realizó a través del proceso reglado que debía y que hubiese acabado necesariamente ante el Consejo de Gobierno". A la hora de cuantificar la fianza, "nos encontramos con la complejidad de las altas cifras que se han utilizado sin el menor control en cada ejercicio económico", dice Alaya, y añade que este hecho fue consentido, entre otros, por Lozano.

Alaya tampoco adopta medidas cautelares contra el que fuese técnico en Trabajo Antonio Diz-Lois, ni contra la asesora en Empleo María José Rofa, de quien Alaya destaca su "contribución" para el esclarecimiento de los hechos.

En un último auto, Alaya anula su anterior prohibición de compartir letrado, medida que afectaba a 13 imputados en la causa, en su mayor parte ex altos cargos de la Junta de Andalucía. La juez acuerda ahora permitir que compartan defensa, con el objeto de no causar nuevos retrasos en la instrucción. Esta medida había motivado un informe del Consejo General de la Abogacía. Pese a ello, Alaya se ratifica en su impresión de que "realmente puede existir esa contraposición de intereses" como en el caso de Lozano, cuyo sucesor en el cargo, Buenaventura Aguilera, está citado hoy como imputado con el mismo abogado defensor.