La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, retomará las declaraciones de nuevos imputados después de Semana Santa, según ha informado el Juzgado de Instrucción 6 a los abogados personados en la causa. Alaya tiene pendiente de tomar declaración, al menos, a dos nuevos imputados que estaban citados este lunes: el abogado sevillano Carlos Leal y el dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, que han sido acusados dentro de la nueva rama de investigación centrada en el cobro de sobrecomisiones en las pólizas de los ERE. El Juzgado les ha comunicado que se les notificará la nueva citación "con la antelación suficiente" y a través de los cauces habituales utilizados para ello.

Estas dos declaraciones iban a cerrar las comparecencias de nuevos imputados, dentro de las cuales la juez Mercedes Alaya ha enviado a prisión a siete de los 22 acusados, entre ellos el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

La imputación de Carlos Leal, del Bufete Jurídico Villasís de Sevilla, se produce dentro de la investigación de la juez para determinar el presunto "enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos" del despacho.

Por otra parte, en el auto de prisión de Guerrero, la juez aseguró que Uniter y Vitalia cobraban comisiones "elevadísimas en relación al precio de mercado" por su mediación en los ERE y, en el caso de la empresa Delphi, Uniter "cobró sobrecomisiones de unos siete millones de euros". Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la "deficiente gestión" de los ERE supuso no solo la aparición de intrusos que nunca habían trabajado en las empresas, sino "cuantiosos" intereses y comisiones, cifrados en 50 millones de euros.

Aunque la juez Alaya no ha acudido a su juzgado, los funcionarios continúan la tramitación habitual del caso y han recibido el pasaporte que ha depositado el abogado de María José Marcos, esposa del directivo de Vitalia encarcelado Antonio Albarracín. La esposa quedó libre el pasado viernes pero la juez dictó prisión contra su esposo y ahora su letrado ha solicitado que sea trasladado desde la cárcel de Morón de la Frontera a una de Madrid, donde reside la familia.