La juez Mercedes Alaya ha vuelto a poner el punto de mira en el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al estimar que este ex alto cargo "conocía y autorizó" el pago de sobrecomisiones en las pólizas vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) bajo investigación. La instructora asegura en un nuevo auto -en el que ordenó el ingreso en prisión de los directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué- que las sobrecomisiones superiores al 15% impuestas en las pólizas han causado un "enorme perjuicio" a la Hacienda Pública andaluza y se acordaban presuntamente por el director general de Vitalia, Antonio Albarracín, pero "con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos (Eduardo Pascual y María Vaqué, por un lado, y consejero de Empleo por el otro)", según informa Efe.

Antonio Fernández, que ocupó el cargo de consejero entre 2004 y 2010, está ya imputado en la causa de los ERE fraudulentos y actualmente ese encuentra en libertad provisional tras pasar cuatro meses en prisión y abonar una fianza de 450.000 euros.

La juez sostiene que esas "abultadas sobrecomisiones" perseguían el "enriquecimiento personal" tanto de los responsables de la entidad mediadora  como, por parte de la Junta, del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "entre otros". Dice Alaya que Vitalia tenía los "medios suficientes para presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica, habiéndose acreditado indiciariamente hasta el momento el caso del señor Guerrero".

Alaya recuerda que este ex algo cargo, en prisión desde el miércoles en este nuevo rumbo de la investigación, habría recibido en sus cuentas 168 transferencias realizadas por Vitalia, por 249.000 euros, todas ellas por cantidades inferiores a los 3.000 euros.

El nuevo auto también insiste en la intervención de los sindicatos a la hora de cobrar parte de esas comisiones, después de que en una resolución anterior cifrara en más de 4,2 millones los pagos recibidos por UGT y CCOO a través de las empresas Temiqui y FQT, respectivamente. Ahora Alaya añade que los sindicatos cobraron un porcentaje de la prima de cada póliza -Albarracín dijo que era el 0,5%- en cuyo proceso intervinieran y "aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno, justificando dicho cobro de forma tan peregrina como 'la toma de datos', que poco interés podía tener para la consultora, pues luego debía repetirse por ésta por su carácter parcial e incompleto".

La magistrada cree que esos pagos a los sindicatos se justificaban "por la información privilegiada que facilitaban a la medidora sobre empresas en crisis que pudiera derivar en la suscripción de una póliza".

En este nuevo auto, la juez vuelve a insistir en su idea de que en la investigación de los ERE se ha pasado del clientelismo político al verdadero negocio, y lo hace señalando que el "brillante" atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil  ha puesto de manifiesto un elemento nuevo que dota a la trama investigada de una nueva visión mucho más amplia, "como si las piezas del puzzle comenzaran a encajar". Este elemento, continúa Alaya, es el sobrecoste de las pólizas que durante más de una década han estado soportando las arcas andaluzas y que ofrece, según la instructora, "un mayor sentido al presunto empecinamiento de la Junta de Andalucía de disponer de esos fondos públicos al margen de las garantías que ofrece el procedimiento legal de subvenciones".

Para Alaya, se trata de un sistema en el que la concesión de las ayudas públicas se convierte en el negocio con un presunto enriquecimiento que "debe repartirse entre múltiples intervinientes en el proceso". Por un lado, estaría la Consejería de Empleo otorgando las subvenciones, y de otro las consultoras, los intermediarios y los despachos de abogados.