Andalucía ha presentado este jueves su recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local siendo la primera comunidad autónoma en registrar en el Tribunal Constitucional su recurso. A la región la seguirán otras como Cataluña, Canarias o Asturias y también otras instituciones como el propio Parlamento andaluz o los ayuntamientos.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, Diego Valderas, ha sido el encargado de registrar en el TC un recurso que, según ha defendido, es necesario para "defender el Estatuto de Autonomía", toda la "arquitectura municipal" andaluza y la legislación sobre la autonomía local, como las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), en vigor desde 2010.

En declaraciones a los periodistas a la puerta del Constitucional, Valderas ha dicho que con la presentación de este recurso Andalucía "encabeza o lidera" a las comunidades autónomas que la sucederán y también a las 2.000 entidades municipales, 400 de ellas andaluzas, que también prevén recurrir la norma estatal y que, a juicio del vicepresidente, lejos de "mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos" lo que produce es "un grave daño a los servicios municipales y al empleo" con una "clara orientación privatizadora".

Valderas ha explicado que no cabe un recurso conjunto porque cada comunidad defenderá su respectivo texto estatutario, que contienen "proyecciones municipalistas diferentes" y que, en el caso del andaluz, es "muy descentralizador y muy municipalista". Además, ha subrayado que la Junta andaluza es "el gobierno regional que más leyes de descentralización política tiene" y en consonancia con ello, quiere defenderlas.

Pide brevedad al TC

En su intervención ante los medios, Valderas ha confiado en "un trabajo rápido y ágil del Tribunal Constitucional", ya que, según ha recordado, se trata de "dirimir sobre competencias estatutarias" que "necesitan" ser aclaradas "antes de que haya algún movimiento amparado por la ley" de la administración local. "Le rogaría la mayor brevedad posible porque dejar a la ley dar pasos adelante si luego se da la razón a los recursos ocasionaría un daño muy grave", ha subrayado el vicepresidente andaluz para quien la "mal llamada reforma" se ha hecho "sin diálogo, sin concurso y sin consenso".

En ese sentido, ha mantenido que la normativa "está hecha desde una posición contable más que política", con la que "se debilita la democracia más cercana" y ha recordado la oposición casi unánime a la misma, a excepción del PP, manteniendo que las fuerzas políticas que en el Congreso se han opuesto a la norma representan a "más del 50 por ciento de la población española".

Contra 25 artículos y disposiciones

El recurso andaluz se centra en 25 artículos y disposiciones de la ley que, a juicio de la Junta, "alteran el marco competencial vigente, vulneran el principio descentralizador recogido en la Constitución y dejan la mayor parte de los ayuntamientos sin capacidad para gestionar los servicios, al introducir principios de viabilidad financiera ajenos a su carácter público y al mandato de la ciudadanía expresado democráticamente en las elecciones locales".

El Gobierno andaluz toma cree que la norma estatal es un "ataque frontal a las competencias de la comunidad autónoma y a la capacidad de autogobierno de las entidades locales, ancladas en el Estatuto y su posterior desarrollo legislativo". A su juicio, la norma "supone una recentralización y un control por parte del Gobierno de la nación, de modo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el que evalúe el coste de todos los servicios", al tiempo que "abre las puertas a la privatización" al establecer que la competencia de los servicios será municipal sólo si las cuantías son "competitivas".

Según ha explicado la Junta, los efectos de la reforma local "se notarán especialmente" en los 691 municipios de menos de 20.000 habitantes -el 89,5 por ciento del total con una población que supera los tres millones de personas- que "podrían perder buena parte de sus competencias a favor de las diputaciones", mientras que los 509 municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes "quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos de forma unilateral".

Junto a ello, el Gobierno andaluz recuerda que la norma estatal afecta directamente al desarrollo de la Laula y la Patrica. La primera concede plena autonomía a los municipios para decidir cómo organizan su territorio y delimita sus 28 competencias propias y fija los procedimientos para la posible transferencia de gestión desde la Junta. Por su parte, la Patrica garantiza a los entes locales una financiación incondicionada, es decir, respetando las decisiones y prioridades de gasto de los ayuntamientos.