Andalucía

Andalucía se sitúa a la cabeza de las regiones morosas con universidades y farmacias

  • Concentra 500 de los 1.061 de deuda del conjunto de comunidades con los centros universitarios

Andalucía es la comunidad autónoma que más deuda concentra con las universidades, 500 millones de euros, casi la mitad de los 1.061 que el conjunto de las comunidades autónomas deben a las universidades públicas; mientras que con las farmacias la deuda asciende a 43,7 millones de euros, según se desprende de la memoria de impacto normativo del decreto ley de Medidas Urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

Este documento, al que tuvo acceso Europa Press, fue aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros y busca "poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable y el periodo medio de pagos".

En la deuda a los centros universitarios, por detrás de Andalucía se sitúan Cataluña, con 226,3 millones de euros, y la Comunidad Valenciana, con otros 208,69 millones. Por su parte, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja tienen saneadas sus cuentas con las universidades públicas en su ámbito competencial.

En el caso de las farmacias, la mayor concentración de facturas pendientes de pago se sitúa en Valencia, con 191,72 millones; seguido de Cataluña (169,95 millones), Murcia (125,36 millones) y País Vasco, con 123,22 millones.

Estas facturas son susceptibles de ser incluidas en la "tercera y última" fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos, que según el Gobierno requerirá como máximo de 19.350 millones de euros que, en cualquier caso, "no supondrán un incremento de gasto público ni tendrán incidencia sobre el déficit público" porque se articularán como una mera transformación de deuda comercial ya reconocida en deuda financiera.

Este decreto busca dar una "solución extraordinaria, temporal y urgente" al problema de la morosidad de las administraciones públicas, "erradicándolo" para poder "evitar los problemas de liquidez de las empresas.

En este sentido, el Ejecutivo confía en que el impacto económico general de la medida será "positivo" tanto para las empresas proveedoras, que gozarán de una mayor liquidez para poder mantener su actividad, como para los ciudadanos.

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