La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer un escrito a la juez Mercedes Alaya, a la que ha solicitado que les notifique el calendario previsto para las declaraciones de los dos últimos imputados en la operación que ha destapado el desvío de más de 50 millones de fondos públicos a través de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

La petición de la Fiscalía se produjo en la misma mañana de ayer, después de que la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de las sobrecomisiones ilegales en los ERE, acordara suspender sine díe las dos declaraciones de nuevos imputados previstas para esta jornada, sin que haya trascendido el motivo del nuevo aplazamiento de estas comparecencias.

La instructora había citado por la mañana al abogado Carlos Leal Bonmati, responsable del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, y por la tarde debía comparecer el administrador único de la mediadora Uniter, José González Mata. El juzgado comunicó ayer mismo a los imputados este segundo aplazamiento de la declaraciones, dado que ambos estaban inicialmente citados a declarar para el sábado, pero la juez decidió aplazarlo hasta ayer, aunque de nuevo volvió a suspender las declaraciones.

Uniter era una de las empresas intermediarias que habrían cobrado las mayores sobrecomisiones vinculadas a los ERE. Por su parte, Estudio Jurídico Villasís tendría relaciones con Uniter, dado que la mayor parte del capital social de este bufete profesional procede de esta mediadora.

El administrador único de la mediadora de seguros Uniter, José González Mata, negó ayer que recibiera "sobrecomisiones" por parte de la Junta, y pidió a la juez Alaya y a la Fiscalía Anticorrupción que estudien la auditoría de la empresa efectuada en febrero, "que corrobora todo ello".

González Mata afirmó a Europa Press que "bajo ningún caso la actuación de Uniter tiene nada que ver con la que aparece en el caso de los ERE", ya que la empresa tiene "muchos años de experiencia", opera desde 1995 y trabaja "más con el mundo privado, con grandes multinacionales, que con el ámbito público".

Por tanto, González Mata quiso dejar claro que "lo que ha salido de los ERE" les sorprende, y no se ven identificados con las actuaciones que está investigando la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. "No hay sobrecomisiones ni las ha habido nunca, y lo demostramos con una auditoría presentada el pasado 8 de febrero", efectuada ex profeso, donde se computaban las comisiones y los actos soportados por Uniter.

González Mata, quien ha recordado que ya fue al Parlamento andaluz a declarar en la comisión de investigación sobre el escándalo de los ERE, considera que "se está criminalizando los expedientes de regulación de empleo" algo que, a su juicio, "no es justo", puesto que se trataba un procedimiento "reglado y legal". El administrador único de esta mediadora apuntó que "el dinero de los ERE está en los trabajadores que se prejubilaron de forma legal".

Asimismo, José González Mata aseguró que la Junta "tiene retrasos" en los pagos y debe a las compañías de seguros "la mitad de las primas, esto es, 300 millones de euros en primas a las compañías de seguros en los procesos" que han mediado. "De un total de 500 millones, cerca de 300 millones están pendientes de cobro", concluyó el administrador único de esta empresa cuyos contratos investiga ahora la juez Mercedes Alaya.