La Fiscalía Anticorrupción, la representación de la Junta de Andalucía y la defensa del propietario de Uniter, José González Mata, han pedido este martes a la juez Mercedes Alaya que designe un administrador judicial para las entidades Uniter y Cureña que permita el desbloqueo de las cuentas y el funcionamiento de estas sociedades, pero la instructora ha aplazado la designación del administrador judicial hasta que tome declaración al dueño de la mediadora, que está pendiente desde marzo pasado, cuando se desarrolló la operación Heracles de la Guardia Civil contra las sobrecomisiones.

El abogado Juan Pedro Cosano, que representa a José González Mata, ha dicho a los periodistas que en la comparecencia celebrada por la juez Alaya tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta de Andalucía y la defensa han coincidido en la necesidad de que se nombre la administración judicial de estas sociedades, por cuanto es “perentorio” pagar a los trabajadores –hay 25 familias que no están percibiendo sus salarios-, a la Seguridad Social y a los bancos, ya que si no, “estas empresas van a desaparecer y se le va a hacer un flaco favor al procedimiento” puesto que si no continúa la actividad no se podrá hacer frente a las posibles responsabilidades futuras.

Si no se nombra dicho administrador, ha añadido el letrado, se puede provocar que “los bienes desaparezcan y nadie pueda cobrar”.A pesar de estas alegaciones, la juez Mercedes Alaya ha comunicado a las partes que se pronunciará sobre el nombramiento del administrador cuando tome declaración como imputado a José González Mata, una comparecencia que está aplazada sine díe desde marzo pasado, cuando se desarrolló la operación Heracles de la Guardia Civil, que se saldó con 22 detenidos y 13 registros.La juez Alaya acordó en abril pasado el bloque de 84 cuentas a nombre del dueño de la mediadora Uniter e imputado en la causa –aunque aún no ha declarado-, José González Mata, o de algunas de las empresas vinculadas a la consultora, como son Cureña S.L. o Ingotor Seguros S.L.

El propietario de Uniter solicitó a la juez el desbloqueo de las cuentas de Uniter y Cureña, que se acordó en la pieza declarada secreta, y el nombramiento de un administrador judicial que interviniera todas y cada una de las operaciones sociales de dichas entidades. La juez Alaya, en un auto dictado el pasado 24 de mayo, rechazó el desbloque de las cuentas solicitado por el imputado, al considerar que el mismo se adoptó como medida cautelar, “con la finalidad de asegurar un eventual fallo condenatorio y con la temporalidad propia de tales medidas de aseguramiento”, aunque accedió a convocar una vista para nombrar un administrador judicial.La Fiscalía Anticorrupción se opuso al levantamiento del bloqueo de los productos bancarios y financieros, si bien no se opuso a la constitución de una administración judicial para cada una de las empresas, lo que de acordarse conllevaría el simultáneo desbloqueo de las cuentas bancarias.

En un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado 6 de mayo, la Fiscalía puso de manifiesto la existencia de indicios delictivos por parte del propietario de Uniter así como de la utilización de Uniter e Ingotor para la percepción de “cantidades indebidas procedentes de las compañías de seguros que han formalizado pólizas de rentas cuyas primas han sido abonadas con fondos públicos de la Consejería de Empleo”. Según la Fiscalía a través de estas sociedades mediadoras, José González Mata ha venido “percibiendo cantidades de las compañías de seguros bajo el concepto formal de comisiones que eran fijadas no por reglas del mercado de seguros, sino por una negociación entre el imputado y cargos públicos de la Junta de Andalucía, mediante la cual el imputado, de forma indiciaria, percibía de forma indirecta cantidades procedentes de las primas abonadas con fondos públicos para su posterior distribución entre otra personas y entidades, creando un cauce manifiestamente ilícito de pago de pretendidas ayudas públicas y de intermediaciones”.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifró en 13.307.787,60 euros la comisión “superior a mercado” que habría percibido González Mata, en relación con el pago de primas por importe de 177.918.800,96 euros.