Andalucía

Anticorrupción cifra en 9 millones los "contratos irregulares" de la Faffe

  • La Fiscalía pide a la juez María Núñez Bolaños que cite a declarar a 23 personas en calidad de investigadas por delitos de prevaricación y malversación en esta pieza separada de los cursos

La Fiscalía ha pedido a la juez María Núñez Bolaños que tome declaración a 23 personas en la pieza de la Faffe.

La Fiscalía ha pedido a la juez María Núñez Bolaños que tome declaración a 23 personas en la pieza de la Faffe. / D. s.

La Fiscalía Anticorrupción considera que la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, según se desprende de un nuevo atestado remitido al juzgado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según confirmaron a este periódico fuentes judiciales, el Ministerio Público ha pedido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que mantiene abierta una pieza separada sobre la Faffe en la macrocausa de los cursos de formación, que practique numerosas diligencias y cite a declarar en calidad de investigadas a 23 personas relacionadas con estas presuntas contrataciones irregulares.

Las mismas fuentes han precisado que la Fiscalía presentó un escrito en septiembre pasado, una vez analizado el atestado enviado por la UCO en junio pasado, pero la juez Bolaños aún no ha decidido sobre la petición del Ministerio Público. A juicio de Anticorrupción, del informe elaborado por la Guardia Civil se desprende "con carácter de probabilidad o verosimilitud que la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional".

La Fiscalía reclama que se entreguen a la UCO los correos electrónicos de la Faffe

Estos contratos supondrían una "quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".

Para la Fiscalía, estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.

Para llevar a cabo el supuesto fraude, prosigue el Ministerio Público, se habrían utilizado una serie de instrumentos como el "fraccionamiento" de los contratos; la utilización en la tramitación de procedimientos "urgentes"; la "influencia" de las empresas adjudicatarias en la designación de las sociedades participantes; la utilización de ofertas de resguardo por empresas instrumentales; y las modificaciones contractuales, en especial la prórroga, entre otros instrumentos.

La Fiscalía concluye igualmente que las actuaciones realizadas en esta investigación habrían confirmado la "existencia de indicios delictivos en los procedimientos de contratación de la Faffe", de acuerdo con la documentación recabada, el informe de auditoría y las declaraciones de los empleados.

Por todo ello, la Fiscalía ha solicitado a la instructora que presten declaración 23 personas como investigadas y otras nueve en calidad de testigos, y ha reclamado la práctica de numerosas diligencias, entre ellas que se libre oficio a la dirección general de Formación para el Empleo para que remita el expediente de los distintos reintegros incoados contra la Faffe. También solicita que emita un informe sobre el estado en que se encuentran las subvenciones investigadas y del resultado de revisión de las mismas por parte del grupo de trabajo que se formó en la propia dirección general de Formación.

Entre las peticiones de diligencias que reclama la Fiscalía a la juez destaca una para que se facilite a la UCO de la Guardia Civil el "repositorio de correos electrónicos" de la Fundación Faffe, con la finalidad de que los agentes puedan culminar su investigación. En este caso, Anticorrupción explica que dada la integración de la extinta Faffe en la Administración pública andaluza, solicita a la juez que se libre un oficio a la dirección general de Formación para que ésta informe sobre la "existencia del repositorio de correos electrónicos de la fundación".

Por último, el Ministerio Público solicita que se faciliten a los investigadores los "pagos con tarjeta" de los ingresos contables en efectivo que figuren en la "caja central", de la que anteriormente ya se pidieron informes sobre sus movimientos.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios