La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado este viernes una fianza de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros para Javier y Pablo Ruiz-Mateos, hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, quienes han prestado declaración imputados por un delito de malversación de caudales públicos ante la juez Mercedes Alaya imputado por el ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), donde aparecieron dos intrusos.

Javier y Pablo Ruiz-Mateos han responsabilizado a su padre de las decisiones últimas que se adoptaban en torno a los negocios del grupo Nueva Rumasa, al que pertenecía el hotel Cervantes, y han asegurado con respecto al conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas que actuaba como un “intermediario” del grupo.

En concreto, Javier Ruiz-Mateos, que coordinaba los pagos del grupo, ha explicado que vio en varias ocasiones a Juan Lanzas, que era un colaborador más que proponía negocios como la compra-venta de empresas que estaban atravesando problemas financieros o laborales y la adquisición de inmuebles, pero ha subrayado que estos negocios eran “una minucia” para el grupo Nueva Rumasa.

La juez Alaya sostiene, en cambio, que Nueva Rumasa pagó más de un millón de euros en comisiones a Juan Lanzas por su intervención en cinco ERE del grupo, a razón de 600.000 euros por cada ERE y que Juan Lanzas recibía sobres con 20.000 o 25.000 euros que se le entregaban cada 15 días o un mes. Sin embargo, el hijo del empresario jerezano ha asegurado que Lanzas no cobró por intermediar en “ningún ERE”, aunque sí cobraba por distintos conceptos de Nueva Rumasa por los negocios que proponía, han explicado fuentes del caso.

Según Javier Ruiz-Mateos, su padre era la persona que daba el visto bueno a todas las operaciones y por cuyas manos pasaba toda la gestión del grupo empresarial. El hijo del empresario ha señalado a este respecto que transmitía semanalmente a su padre un cuadro con las necesidades financieras de las distintas empresas y era José María Ruiz-Mateos el que decía los pagos que se hacían, si bien posteriormente una vez tomada esa decisión cada empresa tenía su forma de gestionarse y hacer sus propios pagos.

Algunas fuentes apuntan que estas declaraciones con respecto a la intervención de José María Ruiz Mateos en las decisiones trascendentes para las empresas del grupo podrían llevar a la juez Mercedes Alaya a decidir la posible imputación del empresario.

Pablo Ruiz-Mateos, que se encargaba de la división hotelera del grupo, ha afirmado que no estaba al corriente de los temas financieros y también rechazó que conozca a Juan Lanzas.

Al término de esta declaración, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza civil de 8,5 millones para cada uno de los hijos de Ruiz-Mateos, una cantidad que sale de los más de 6,4 millones que pagó la Junta de Andalucía por la póliza del ERE del hotel Cervantes más el tercio legal correspondiente. La acusación particular que ejercen la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias se adhirieron a esta petición de fianza civil.