Andalucía

Anticorrupción no ve delito en las resoluciones de exoneración de los cursos de formación

  • La Fiscalía avala la decisión de la juez Bolaños de "dejar sin efecto" varias imputaciones acordadas por Mercedes Alaya.

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La Fiscalía Anticorrupción avala la tesis de la Junta de Andalucía. El Ministerio Público no aprecia delito en las resoluciones de exoneración de los cursos de formación y por ello ha impugnado un recurso que presento el PP contra la decisión de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, de dejar “sin efecto” un auto dictado el 15 de junio de 2015 por la juez Mercedes Alaya, en su última actuación procesal antes de ir destinada a la Audiencia de Sevilla.

Ese día Alaya dictó dos autos, uno que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicar más diligencias sobre el entramado de empresas del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, y otro en el que imputo a los ex consejeros de Empleo y Economía Manuel Recio y Antonio Ávila por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En el escrito presentado ahora por la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal delegado Fernando Soto estima que ese auto ordenó unas imputaciones “basándose en los indicios obtenidos de la llamada operación Barrado por parte de la UCO, que posteriormente fue dejado sin efecto en una providencia dos días más tarde”.

Para el fiscal, los acontecimientos posteriores “desmienten el contenido del recurso” del PP, por cuanto el Ministerio Público considera que el juzgado “lejos de dejar sin efecto sin más unas imputaciones, ha continuado y profundizado en las investigaciones, de tal manera que a estas alturas resta apenas la interventora de Sevilla [su declaración] para culminar su instrucción”. “Entendemos por tanto que en el espíritu de la providencia recurrida se hallaba la intención de precisar el contenido de las imputaciones dejadas sin efecto, ahondando en la investigación hasta fijar con claridad los hechos”, añade el fiscal.

Anticorrupción considera que la imputación efectuada de los ochos delegados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de los jefes de servicio, además del ex consejero Antonio Fernández lo es “exclusivamente por el dictado de las denominadas resoluciones de exoneración en los expedientes de subvenciones, además de otras cuestiones de naturaleza administrativa y políticas”.

Estas resoluciones, que se enmarcan en el artículo 124 de la ley general de Hacienda Pública de Andalucía, “con el tiempo han demostrado no ser tales exoneraciones para el beneficiario. Obedecen más bien a una lógica interna, como quiera que las labores de liquidación y justificación del órgano administrativo se solapaban con la nueva acción formativa y con otra subvención ya concedida, la misma eximía de este requisito para el pago de la nueva, no la concesión de una nueva subvención, sino sólo el pago”.

El fiscal aclara que las resoluciones “no sólo no exoneraban de justificar, sino que según los datos que obran en la causa se hicieron sobre expedientes en los que las entidades ya habían justificado y estaba pendiente del dictado de la resolución por el órgano gestor, dictado del certificado de finalidad del Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía (RIJA), artículo 41, y liberación del pago del 25% con el documento contable J”.

El fiscal concluye que, por tanto, “tenía lógica aclarar e investigar tales cuestiones previamente a la imputación de los consejeros en el referido auto, posponiendo en su caso su imputación a la completa instrucción sobre los hechos de la misma”.

De la misma forma, el Ministerio Público señala que una vez “culminada la instrucción, se acordará sobre la misma”, si bien ya ha trascendido que la juez María Núñez Bolaños dará carpetazo a la “pieza política” de la macrocausa de la formación, en la que figuran 24 personas como investigadas por Alaya, que les atribuyó haber integrado parte de una red de “clientelismo político” a través de las subvenciones concedidas para la realización de las actividades de formación.

Bolaños, siguiendo las declaraciones que han prestado los interventores delegados en las ocho provincias, no ve delito más allá de las posibles irregularidades administrativas, una postura que avala el Ministerio Público en el escrito antes mencionado.

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