Invercaria

Pérez-Sauquillo será juzgado por el préstamo de más de un millón a EDM

  • La Audiencia confirma el procesamiento del ex presidente de Invercaria y de un ex consejero de la sociedad.

Tomás Pérez-Sauquillo, con su abogado. Tomás Pérez-Sauquillo, con su abogado.

Tomás Pérez-Sauquillo, con su abogado. / Juan Carlos Muñoz

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha confirmado el procesamiento del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y de otras cuatro personas por los préstamos participativos concedidos en 2008 por importe de 1.180.000 euros a la empresa Electronics Devices Manufacturer S. A. (EDM), una sociedad de Mancha Real (Jaén) que se dedicaba a la fabricación y ensamblaje de productos y equipos electrónicos. Se da la circunstancia de que EDM también había recibido con anterioridad una ayuda de 384.000 euros de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, que se investiga en otra macrocausa, la de los los ERE fraudulentos.

La Audiencia ha desestimado ahora los recursos que presentaron Tomás Pérez-Sauquillo y el ex consejero de Invercaria Bienvenido Martínez, y ha confirmado de esta forma la decisión del juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, de procesarlos junto a tres responsables de la empresa EDM.

El abogado de Pérez-Saquillo había negado la existencia de indicios para afirmar tanto la falta de solvencia de la sociedad EDM, como la inexistencia de un estudio previo por parte del comité de inversiones de Invercaria, y aunque el tribunal reconoce la "brillante y pormenorizada exposición del recurso para argumentar la inocencia del recurrente ante la inexistencia de síntomas de ilicitud en su actuación", sin embargo, "por más que disguste a la defensa, nos movemos en esta fase procesal en el terreno indiciario, impropio de certezas absolutas, y no puede sustraer a la celebración de un juicio el debate de los hechos cuando los indicios constatados en la causa no permiten descartar la existencia de delito".

La defensa alegaba que existió un control y un análisis previo suficiente para valorar la inversión, pero "reconoce que tales controles no constan documentados en el expediente y pretende que el juzgado de Instrucción valore sesgadamente la prueba testifical para alcanzar con seguridad de acierto certeza sobre la rectitud de la conducta investigada, dando por sentados controles no documentados".

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el análisis de la viabilidad de la inversión fue "deficiente, incompleto y fragmentario", lo que propició que "una empresa en quiebra, en una situación patrimonial y financiera deplorable y con unas prácticas dudosas, consiguiera ayudas públicas de gran envergadura económica, de manera que con unos antecedentes sin capacidad demostrativa que no fueron examinados por el comité de inversiones, y sin una propuesta de inversión, se aprobó la concesión de los préstamos".

Dice la Sala que la realidad de los hechos "no contradice este posicionamiento si consideramos que ocho meses después de la inversión se presentó la solicitud" de concurso de acreedores por parte de EDM.

El plan director 2005-2008

La defensa también alegó uno de los elementos que han sido tratados en el primer juicio de Invercaria -el celebrado por las ayudas concedidas a la empresa Tatis-  respecto a que, teniendo en cuenta el régimen jurídico al que se sometía Invercaria "no existía procedimiento de obligado cumplimiento" a la hora de tramitar una inversión, en alusión a la ausencia de vinculación del Plan director 2005-2008 teniendo en cuenta que Invercaria no es un órgano de la Administración, y que por tanto carecería de sustento una imputación basada en la inobservancia de una normativa que "no era de obligado cumplimiento".

En este punto, el tribunal acude a la que también considera "brillante argumentación del Ministerio Fiscal", en el sentido de que si en sus relaciones con terceros Invercaria "actúa en régimen jurídico propio del Derecho privado, en su interior y en la formación de decisiones internas actúa como una Administración pública, pues Invercaria es una sociedad creada por la agencia Idea, administración institucional; su capital y fondos son completamente públicos y tiene atribuidas funciones públicas".

La Audiencia explica en el auto que en esta pieza de la macrocausa de Invercaria se investigan la concesión de dos préstamos participativos a EDM de 450.000 y 730.000 euros los días 23 de julio y 30 de julio de 2008 -en total, 1.180.000 euros- "a sabiendas de la falta de viabilidad económica de la empresa y de la inexactitud de los datos contenidos en la documentación presentada por sus responsables para la obtención de financiación, dando por válidas sin el menor rigor o comprobación unas previsiones de negocio a espaldas de la fuerte desviación observada en el primer cuatrimestre de la nulidad de 2008".

Los préstamos fueron concedidos por el consejo de administración de Invercia celebrado el 23 de julio de 2008, "al que solamente acudieron" Pérez-Sauquillo y Bienvenido Martínez, "los cuales eran conocedores de la situación económica en la que se encontraba EDM y de que los datos presentados por sus responsables no eran ciertos", además de que se habría prescindido de un "previo examen del comité de inversiones que, en su caso, hubiera evaluado y analizado positivamente la inversión, y obtuvieron la autorización del consejo rector de Idea omitiendo en la documentación que le fue remitida la fuerte desviación observada en el resultado económico de EDM en el primer cuatrimestre del año 2008".

EDM presentó el 25 de marzo de 2009 una solicitud de concurso de acreedores ante el juzgado de lo Mercantil número 4 de Jaén.

Hasta seis años de cárcel

En marzo de 2018, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, remitió a la Audiencia para su enjuiciamiento la pieza separada abierta por los préstamos participativos concedidos por la sociedad pública de capital riesgo a la empresa Electronics Devices Manufacturer S.A. (EDM).

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, pide para el ex presidente y el ex consejero de Invercaria seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta por el presunto delito de malversación y otros 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Asimismo, reclama para los tres representantes de la empresa EDM dos años y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. Además, la Fiscalía solicita que los cinco acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Inverseed SCR, la sociedad heredera de Invercaria, en la cantidad de 1.368.954,98 euros. 

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