La macrocausa de los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA a diversas empresas era la única sobre la que la juez María Núñez Bolaños no había adoptado ninguna decisión trascendente desde que tomó las riendas del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Bolaños ha reactivado esta semana la instrucción con un auto en el que ha reclamado a la agencia IDEA información sobre las empresas que pudieron simultanear las ayudas sociolaborales o a empresas investigadas en la causa de los ERE con ayudas públicas de "salvamento o reestructuración" a través de avales o préstamos que concedía la propia Idea en virtud de las competencias delegadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En el auto dictado ahora por la juez Bolaños, que tiene fecha del pasado martes, la magistrada reclama precisamente a la agencia Idea que remita copia de los expedientes únicamente de aquellas empresas en las que exista esa "simultaneidad" de ambas ayudas.

La instructora también reclama a Idea que certifique si con respecto a esas subvenciones se ha dado "cumplimiento del requisito de autorización por la Comisión Europea y cumplimiento del requisito de publicidad previsto en la orden de 5 de noviembre de 2008".

Bolaños solicita a IDEA, por último, que emita un informe sobre la actuación relativa a la superación del "límite presupuestario y el incumplimiento del requisito" de la aprobación por parte del Consejo Rector y en su caso del Consejo de Gobierno. Ese informe, aclara la juez, será "sometido a la valoración de expertos en la materia" y a la contradicción.

Bolaños recuerda en el auto que la causa de los avales se inició a raíz de un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado en el sumario de los ERE, en el que los investigadores apuntaba a esa simultaneidad en el pago de ayudas y concluían que estos extremos podrían considerarse como una "inyección continuada y sistemática de fondos públicos", en las que resultaría "lógico pensar que estas concesiones pudieran estar basadas en la aplicación de criterios arbitrarios e irregulares al igual que los revelados en el informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía".

La Guardia Civil entendía igualmente que la forma de aplicación de estos instrumentos recogidos en la orden de 5 de noviembre de 2008 por parte de la agencia IDEA "podría ser indiciaria de la utilización de otras vías de financiación irregular a empresas coincidentes con las otras vías de financiación ya investigadas en la presente causa" de los ERE, lo que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar que se abrieran nuevas diligencias previas: la macrocausa de los avales.

Las diligencias previas fueron abiertas en febrero de 2014 por la juez Mercedes Alaya, quien advirtió de que durante los años 2008 y 2009 se habrían ratificado avales por importe de más de 55 millones sin la aprobación del Consejo Rector de Idea, cuando en el caso de compromisos de pagos superiores a 1,2 millones se exige además su ratificación por el Consejo de Gobierno de la Junta.

La Intervención General, en su informe de cumplimiento de 2009, puso de manifiesto que Idea había superado el límite de los avales a prestar -que se había fijado en 18 millones para ese ejercicio- al haberse formalizado avales por más de 71 millones.