Bolaños acelera en la recta final antes de las vacaciones y abre una nueva batería de once piezas de los ERE en las que hay "riesgo de prescripción". La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha dictado un nuevo auto, que tiene fecha del pasado martes, día 12, en el que ha decidido abrir 11 nueva piezas separadas de la macrocausa de los ERE fraudulentos, entre las que se encuentran las concedidas por Javier Guerrero al que fuera su chófer, Juan Francisco Trujillo, así como las otorgadas a 26 empresas de la Sierra Norte de Sevilla y a tres ayuntamientos.

En el auto, la magistrada justifica la decisión de abrir estas piezas y no otras. "Estableciendo un orden en la actuación y resultando imposible, en atención al volumen de trabajo abrir todas y cada una de las piezas existentes, procede comenzar con aquellas que por referirse a ayudas directas existe riesgo de prescripción, cuyos atestados están unidos a las diligencias 174/11 sin tramitar, compartiendo en este extremo la preocupación del Ministerio Público a fin de evitar las previsiones en base al artículo 131 del Código Penal", que regula precisamente la prescripción.

La instructora acuerda en la misma resolución requerir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que realice una "lista competa" de las ayudas directas sobre las que se ha realizado y presentado el correspondiente atestado policial, así como de las que "estén pendientes, indicando cuantía y fecha de pago".

En el auto la juez acuerda abrir estas once nuevas piezas, entre las que se encuentran las relacionadas con las ayudas concedidas a los ayuntamientos de San Nicolás del Puerto y Los Palacios, en Sevilla, y de Alcolea del Río (Córdoba).

En un segundo grupo, "por incluir tanto póliza individual como ayudas", la juez ha decidido abrir también por su "antigüedad y estado" la pieza relativa a las empresas que creó Juan Francisco Trujillo y las ayudas percibidas por éste y por su madre, Estrella Blanco García. En esta pieza se investigan las ayudas que la Junta dio a las empresas Iniciativas Turísticas Sierra Norte, Lógica Estrategia Empresarial, Ave Nueva, Lladeso Hoteles y la póliza individual de la madre.

Una nueva pieza abierta es la relativa a las ayudas de la Sierra Norte, en las que se incluyen otras 26 empresas: Promociones Vinícolas de Sevilla SL ; Dehesa Navera S.L.L; Tialna S.L; Quesos y embutidos Real de la Jara SL; El Venero de Móstoles S.L; San Goy Hotel Posada del Moro; Andalucine, SL;
Pema Jamones y Embutidos; Atarazanas de Constantina; S.C.A. San Sebastián de Guadalcanal; Grueso y García S.L; Corsevilla S.C.A.; Romero Álvarez S.A.; S.C.A Virgen del Robledo; S.C.A. Megara;
Vivir El Barro SL; Refractarios y derivados SL; Refractarios Sevilla, Refractarios Guadalcanal y Refractarios Andalucía; El Olivar de los Infantes SL; Productos Barataria SLM; S.C.A. Virgen de Belén; Gestión Turística del Sur; Asnadis (Asociación Sierra Norte para la atención al disminuido psíquico); Antonio Diana Expósito; Coflosur; Eustaquio Reina SA; y D. José Gómez Muñoz.

Por último, la juez acuerda abrir otras seis piezas relativas a las empresas Río Grande, Calderinox, Cydeplas S.A., Cydeplast PET SL,  Nazapet SAL. y Faja Pirítica de Huelva.

Varias peticiones de la Fiscalía Anticorrupción

Con este auto, la juez María Núñez Bolaños da respuesta a varios escritos de la Fiscalía Anticorrupción, entre ellos uno de febrero pasado y otro del 28 de junio, en los que el Ministerio Público urgía a la instructora a crear nuevas piezas "con la finalidad de agilizar la tramitación de la presente causa, así como garantizar los derechos y garantías de las partes del proceso".

La Fiscalía argumentaba precisamente su petición para evitar que "puedan prescribir determinados pagos realizados con fondos públicos para aquellas personas que aún no hayan sido imputadas en las presentes diligencias 174/11".

En su escrito, los fiscales delegados de Anticorrupción recuerdan que recurrieron el auto de la juez en el que formó las seis primeras piezas piloto de los ERE y dejó la formación del resto de piezas a la espera de los "pronunciamientos de la Audiencia Provincial en la ya formadas". "El tiempo que transcurre en la tramitación y resolución del recurso de apelación interpuesto por esta Fiscalía –y otros interpuestos por otras partes personadas- se está traduciendo de hecho en una situación que merma sustancialmente los derechos y garantías de las partes, en particular, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas así como el verse sometido como investigado en espera de enjuiciamiento, con medidas cautelares personales y reales adoptadas contra su persona y patrimonio, durante un periodo de tiempo que esta Fiscalía entiende no encontrarse justificado en modo alguno", añade el escrito.

La Fiscalía reitera que el pronunciamiento que recaiga en la pieza del denominado "procedimiento específico", en el que están procesadas 26 ex altos cargos, versará "en el reproche penal que merezca de ser probada la conducta, de todas o algunas de las personas investigadas, de diseñar, implementar y consentir un sistema que pusiese en manos de la Consejería de Empleo fondos públicos que eludieran por una parte la fiscalización eficaz y prevista de los mismos, así como romper las reglas de la competencia entre empresas y el acceso de todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad y en atención a su concreta situación personal, a recursos públicos adscritos a la finalidad del programa presupuestario 31 L". 

La Fiscalía "no entiende" como el pronunciamiento que recaiga en la misma puede influir en aquellos "singulares expedientes -entiéndase éste en términos laxos puesto que en muchos no se ha contado con la más mínima documentación- en los que se han omitido trámites esenciales en la gestión de fondos públicos como subvenciones, hecho no discutido por ninguno de los informes periciales obrantes en autos. En la gran mayoría de ellos se carece de solicitud, no se han sometido la subvención a fiscalización -el Control financiero permanente del IFA/IDEA no lo comprendía como consta no ya sólo en los informes de la IGAE, sino en el informe de fiscalización de la Cámara de cuentas-, o no hay resolución o ésta no es dictada por el órgano competente por la razón de la materia o cuantía, no había ningún tipo de seguimiento de los compromisos que ,en algunos casos, se decía asumir por los beneficiarios, ni se exigía por la administración justificación adecuada de los fondos recibidos". 

En definitiva, se trata de un "cúmulo de irregularidades" que, a criterio de la Fiscalía, "merecen un reproche penal, sin perjuicio de delimitar en cada pieza adecuadamente la posible responsabilidad penal y/o civil de las personas que han tenido participación en los hechos", concluye el Ministerio Fiscal.