Tribuna

Cataluña y Andalucía

  • La idea de un eje entre catalanes y andaluces no es nueva, pero en materia de financiación autonómica es impensable, porque las propuestas catalanas son perjudiciales para Andalucía

Hace cerca de un mes tuvimos a Ibarretxe en el Congreso de los Diputados defendiendo la propuesta del Parlamento vasco de hacer a Euskadi una Comunidad libremente asociada a España, y dentro de unos meses tendremos también a Maragall en el Congreso defendiendo el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, aprobado por el Parlamento catalán. Sin embargo las diferencias en ambos casos son muchas e importantes.

En Cataluña no hay terrorismo, el proyecto de reforma del Estatuto va a traer el 90% o el 100% de los votos del Parlamento autonómico y va a venir redactado con especial cuidado respecto a su constitucionalidad, aunque en ocasiones el logro del objetivo aparezca dudoso. No hay que olvidar que el Gobierno tripartito de la Generalitat mantiene al Gobierno de España y que el presidente Rodríguez Zapatero se comprometió a apoyar a la reforma del Estatuto que aprobara el Parlamento catalán. Ello hace pensar que la tramitación y votación en el Congreso sea bien diferente de la que tuvo el Plan Ibarretxe.

El pasado 9 de febrero ha estado en Sevilla el consejero de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, explicando algunas ideas sobre la reforma del Estatuto que se está elaborando en el Parlamento de Cataluña. Además de la conferencia, se facilitó un comunicado de prensa que, según El País, contenía unas frases más contundentes de las que pronunció en la disertación, como una clara advertencia al Gobierno central de que es inimaginable un Estatut que no contemple un sistema de financiación suficiente que no resuelva progresivamente el actual déficit fiscal, porque el actual sistema de financiación es injusto para los ciudadanos de Cataluña. Joan Saura mantuvo que el futuro Estatuto recogerá los principios del nuevo sistema de financiación y deberá cifrar la aportación de Cataluña al Estado.

El consejero Saura volvió a resucitar el eje de Cataluña y Andalucía para impulsar el modelo de Estado autonómico,ya que ambas comunidades tienen un papel clave en un momento histórico. Esta idea del eje Cataluña y Andalucía no es nueva, pero en materia de financiación autonómica es impensable porque las ideas sobre financiación que se quieren introducir en la reforma del Estatuto de Cataluña son muy perjudiciales para Andalucía. Baste decir que el documento presentado por CiU pretende que la recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos de Cataluña corresponda a la Generalitat, que aportará al Estado la cuota de contribución regulada en el proyecto de Estatuto y una cantidad para cumplir la solidaridad interterritorial que proclama la Constitución.

La Plataforma Andaluces levantaos, a través del grupo de trabajo que coordina el profesor Rodríguez Alcaide, en rueda de prensa celebrada el 25 de enero pasado, hizo público que la propuesta catalana haría perder a Andalucía 1.436 millones de euros anuales.

Debemos aplaudir que en el debate sobre el plan Ibarretxe celebrado en el Parlamento de Andalucía el pasado 10 de febrero, el presidente Chaves se opusiera a la propuesta catalana de fijar unilateralmente un sistema de financiación autonómica en la reforma del Estatuto catalán que condicione a la financiación del resto de comunidades y que Rodríguez Ibarra rechace rotundamente la propuesta de las balanzas fiscales que se quieren incluir en la reforma del Estatuto catalán. Ello hace pensar que no le va a resultar fácil a Maragall en la cúpula del PSOE el debate sobre financiación en la reforma del Estatuto de Cataluña.

He venido manteniendo que en la reforma de los Estatutos no se puede ni regular el sistema de financiación de la Comunidad, ni atribuirse competencias del Estado por delegación a que se refiere el artículo 150.2 de la Constitución, ni introducir modificaciones en la composición de órganos del Estado para que la Comunidad participe en ellos, ni modificar leyes como la Orgánica del Tribunal Constitucional, la Orgánica del Poder Judicial. La regulación de estas materias es competencia exclusiva del Estado.

Los Estatutos no son, como la Constitución, una norma suprema, sino que tienen límites y celebro que el Gobierno haya comunicado a Maragall los límites que la reforma del Estatuto de Cataluña ha de respetar (El País del 13 de febrero), y nos queda por ver la reacción del tripartito catalán y de CiU ante esta acertada advertencia.

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