El Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras tiene que hacer encaje de bolillos cada vez que recibe la noticia de que una partida de inmigrantes de Motril, de Tarifa, de Almería o de algún otro punto de la costa andaluza será trasladada al centro de internamiento de extranjeros de La Piñera (CIE). Las instalaciones de la antigua cárcel están casi siempre a rebosar. Su capacidad idónea es de unos 150 y la media que alberga es de 200 o más. El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) afirma que el CIE está para cerrarlo. El propio comisario Julián Márquez ha reconocido que no es el idóneo.

Olvídense de estancias individuales y pongan en su mente espacios demasiado compartidos. Rozan el hacinamiento, lo que genera más de un conflicto dialéctico y físico entre los internos, que no son delincuentes, sino que simplemente esperan a ser identificados para regresar a su lugar de origen. Esta aglomeración hace difícil la separación por raza y nacionalidad, sí la hay por sexo. Esta aglomeración hace difícil casi todo. Por ejemplo los patios están repletos, carecen de canastas de baloncesto y los juegos se convierten en una carrera de obstáculos. Es casi imposible recuperar el balón cuando se embarca y por eso los inmigrantes han tirado de ingenio y han confeccionado en algunos casos balones con trapos. Los funcionarios allí destinados han contribuido a veces con aportaciones de su propio bolsillo a los gastos internos como el material de juego (barajas de cartas o parchís) para que el plazo máximo de 40 días que tienen para ser reconocidos se les haga llevadero.

UFP resume que las dependencias no son adecuadas, que están sobrecargadas y que sufren problemas estructurales como humedades. Habla de un estado caótico. Tampoco están mucho mejor los que están al otro lado, los que se encargan de la custodia. Los funcionarios están bajo mínimos y necesitan constantemente de la presencia de la Unidad de Intervención Policial (UIP), lo que provoca que las funciones se dispersen.

El diputado del PSOE Salvador de la Encina indica que Interior no para de trabajar en la búsqueda de una alternativa. Las miradas se han fijado en la antigua octava batería de costa de Punta Camorro, en Tarifa. El problema es que no acaba de reunir los requisitos tanto para poder garantizar la estancia de los indocumentados como para la cobertura del personal policial. El proyecto sigue en estudio, aunque inmediatamente no se vislumbra otra opción.

Las asociaciones Pro Derechos Humanos y Algeciras Acoge se han manifestado ya varias veces a las puertas de la antigua prisión para reclamar su cierre. Lamentan la masificación y las malas condiciones de habitabilidad que tiene el edificio. Pro Derechos Humanos también rechaza la reubicación en otra localidad por el alejamiento que supondría.

Tampoco queda mejor parado el CIE en el informe del Defensor del Pueblo del año pasado, que recoge que las instalaciones no son "adecuadas para una estancia digna de los extranjeros" y que su pasado como prisión provincial imprime al centro un "marcado carácter carcelario". Critica que se hayan mantenido las rejas de las antiguas celdas, ahora dormitorios y lamenta la falta de intimidad de los internos.