El Provedor de Justiça de Portugal, Alfredo José de Sousa, se comprometió ayer a elaborar "un estudio jurídico y social" sobre el peaje de la autovía del Algarve (A-22) que entra en vigor hoy con la intención de recomendar finalmente al Gobierno luso que también establezca "privilegios" para los ciudadanos de los pueblos de Huelva que limitan con este territorio y que utilicen frecuentemente esta autovía. Así lo confirmó en declaraciones a Europa Press el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia, tras reunirse a primera hora de ayer con su homólogo en Lisboa.

Según Chamizo, De Sousa realizará este informe "con la idea de acabar recomendando al Gobierno portugués que en lo que en la norma se llama área de influencia y en la que están los pueblos [portugueses] que se van a ver privilegiados con la reducción de tasas para la autopista se incluyan también los pueblos limítrofes de la provincia de Huelva".

Aunque en este encuentro De Souza y Chamizo no concretaron qué pueblos onubenses podrían acogerse a esta reducción de tasas por motivos laborales, de residencia o frecuencia de uso, la intención es que en un periodo de no más de tres o cuatro meses el Gobierno portugués tenga encima de la mesa el informe con las recomendaciones del Provedor de Justiça. El "problema", sin embargo, tal y como señala el Defensor andaluz, es que el peaje comienza a funcionar hoy y que muchos ciudadanos pagarán este peaje sin los "privilegios" que tienen sus vecinos. Con todo, Chamizo dijo confiar en que el Gobierno portugués haga caso de las recomendaciones de su homólogo luso y, aunque sea dentro de unos cuantos meses, incluya a los pueblos de Huelva limítrofes con el Algarve en el área de influencia que se beneficia de los descuentos en el peaje. Mientras tanto, el Defensor andaluz cree "necesario que empresarios y trabajadores de una parte y otra sigan movilizándose para hacer ver al Gobierno portugués el error tan grande que es el peaje".

En la reunión mantenida con De Sousa, Chamizo también le expuso la situación de la veintena de andaluces que se encuentra en alguna de las 50 cárceles portuguesas. Así, el defensor luso se comprometió a resolver las quejas de las que le hizo conocedor su homólogo andaluz. Fundamentalmente, aquellas referidas a la situación de salud "bastante precaria" que tienen algunos presos en el país vecino y que, según sus familiares, no reciben la "atención adecuada" en estos centros.