El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, ha calificado la situación en la que se ha visto inmersa una parte de la ciudadanía como consecuencia de operaciones bancarias con participaciones preferentes, cuya legalidad se pone en duda, como "una de las grandes desvergüenzas" que ha sufrido "la gente más sencilla y vulnerable".

"No hay derecho a algo que es una estafa en toda regla", explicó Chamizo en una entrevista a Canal Sur Radio recogida por Europa Press. El Defensor recordó que fue la Oficina del Defensor del Pueblo la que llevó las múltiples denuncias de ciudadanos a la Fiscalía, ótrgano que ha anunciado la apertura de una investigación.

Chamizo aludió a un grupo de 300 denuncias y agregó que "esto está cambiando" en el momento en el que la Policía habla con los afectados y luego con la entidad que vendió las preferentes. El pasado 13 de agosto Chamizo registró en la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a las llamadas participaciones preferentes, confiando en que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades, porque en muchos de estos casos se sospecha que hay un "delito". En Andalucía se calcula que son unas 67.000 las personas afectadas por este asunto, con un capital inmovilizado de "cientos de millones" de euros, según señaló entonces Chamizo, quien precisó que en el caso de estos 300 expedientes la media de inversión se encuentra entre los 6.000 y los 10.000 euros.

El Defensor explicó que existen tres bloques de reclamaciones: las que corresponden a personas habituadas a hacer inversiones - que no se prevé que prosperen-; las de personas que no tienen el perfil de inversor que exige la normativa y a las que se dijo que podrían acceder a su dinero cuando quisieran y un tercer grupo donde previsiblemente sí ha existido delito al tratarse de población vulnerable.