El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, advirtió este martes que el valor "excepcional" del litoral andaluz y su "extraordinaria" fragilidad se han visto dañados por la ocupación "masiva de amplios espacios contiguos al dominio público marítimo-terrestre", por lo que pidió a las poderes públicos que apruebe una moratoria urbanística que prohíba toda edificación, salvo la destinada a usos públicos, en, al menos, la denominada zona de influencia, es decir, en 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.

De este modo, Chamizo, quien entregó el informe Ordenación del Territorio y Urbanismo en los informes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz realizado por la institución a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, explicó que esta moratoria debería de servir para que los poderes públicos y agentes sociales decidan "cuál es el modelo de ordenación del litoral" que se va ofrecer a las generaciones futuras.

Según lamentó el Defensor, a pesar de la "desaceleración" del ritmo de construcción motivado por la crisis económica, la situación en el litoral andaluz es de "tal gravedad que sus valores naturales no son ya reconocibles en la mayoría de su trazado". No obstante, apuntó que aún quedan algunas franjas del litoral, sobre todo en la provincia de Cádiz, que aún están libres de la especulación y manifestó su temor de que este modelo de desarrollo presente en la costa se extienda al interior "donde el 90 por ciento del territorio es aún recuperable".

Asimismo, recordó que, 20 años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, "todavía queda por aprobar el deslinde definitivo, aproximadamente del 15 o 20 por ciento de nuestro litoral", por lo que instó a las administraciones a "impulsar" el mismo y adoptar "cuanta medidas sean necesarias para recuperar el dominio público usurpado", contemplando las compensaciones necesarias.

Igualmente, destacó como otras de las cuestiones "más urgentes" en esta materia desveladas a partir del citado informe, es la "ausencia de respeto a la legalidad urbanística y la impunidad con la que se actúa", advirtiendo de que la institución ha podido comprobar "cómo las corporaciones municipales inician expedientes sancionadoras que luego no concluyen o no ejecutan sus resoluciones".

Por ello, solicitó que se "refuercen" los servicios técnicos de los Ayuntamientos a través de convenios con Diputaciones Provinciales y la Junta, así como que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) realice una campaña dirigida a los ayuntamientos sobre la importancia de respetar la legalidad urbanística.

Además, incidió en la "necesidad" de abordar una reforma urgente del Código Penal que permita perseguir "más eficazmente" estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se han "evidenciado la existencia de no pocas imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio".

Asimismo, hizo hincapié en que los ayuntamientos impidan que, al amparo de licencias para la construcción de aperos o edificios similares, se construyan viviendas para uso residencial violando la legalidad urbanística e insistió en que, en los procedimientos judiciales en que las administraciones públicas sean parte demandante, soliciten "como norma general la demolición de lo indebidamente construido".

Urbanizaciones ilegales

En cuanto a las urbanizaciones ilegales, de la que existen en Andalucía "al menos unas 1.000", Chamizo reprochó que, pese a tratarse de un problema de "extraordinaria entidad", "muy pocos municipios lo han abordado con el rigor necesario". Por ello, solicitó cuando se trate de parcelaciones en la que no haya prescrito la infracción administrativa, las autoridades "impidan la consolidación de las infracciones", llegando incluso a su demolición si fuera necesario.

En el caso de que dicha infracción haya prescrito, instó a que se acometa su regularización y que los costes de la misma recaiga sobre los promotores o los residentes de las edificaciones "nunca las arcas municipales".

Por otro lado, criticó que "no haya una respuesta suficiente a la extraordinaria demanda de vivienda protegida que existe en la actualidad", advirtiendo de que "si se hubieran asumido los planes en vigor en época de bonanza económica, el problema de la vivienda en Andalucía ofrecería un perfil muy diferente del que ahora tiene", y pidiendo que se procure el acceso a una vivienda digna y adecuada a toda la ciudadanía.

No obstante, afirmó que "estamos demasiados obsesionados con la propiedad", apostando por "fomentar el régimen de alquiler para determinadas edades o situaciones de la vida".

Pervivencia del chabolismo

El Defensor alertó de que "aún perviven tres grandes asentamientos chabolistas en Andalucía, como son Torreblanca y El Vacie en Sevilla y los Asperones en Málaga y apuntó que "la mayoría de los que han desaparecido lo han hecho más por acción de la presión urbanística que por un plan que haya atendido a las necesidades de sus habitantes".

Así, recomendó que en los respectivos planeamientos urbanísticos, se contemple la supresión de estos grandes asentamientos, financiando su demolición y el realojo en viviendas normalizadas con cargo a los promotores de su ejecución, poniendo en práctica los poderes públicos "programas de tutela de intervención social que ayuden a los chabolistas a salir de su situación y que contemplen aspectos laborales y educativos".

De otro lado, Chamizo reprochó que "hay que tener en cuenta" de que la "mayoría de los planeamientos urbanísticos aprobados que hoy se consideran insostenibles incluso por los propios responsables de las Administraciones, obtuvieron en su día el beneplácito de sus órganos más representativos, como los plenos de los ayuntamientos y la aprobación de los órganos autonómicos", por lo que recomendó que, de modo previo a la ratificación de planes urbanísticos se "evalúen sus previsiones en términos ambientales y sostenibles".

También subrayó que es "fundamental" que los municipios de Andalucía digitalicen la documentación urbanística a fin de ponerla a disposición de toda la ciudadanía y fomentar un urbanismo "más participativo y de transparencia absoluta".

Por otro lado, consideró "lamentable que todavía existan vertidos agrícolas y urbanos sin depurar adecuadamente", por lo que demandó la realización de un estudio de las instalaciones existentes de depuración de aguas residuales en los municipios del litoral, las características de los emisarios y le número y entidad de los vertidos directos al mar para sanear las playas andaluzas.

Además, señaló la pervivencia todavía en suelo andaluz de muchos pasos a nivel, por lo que recomendó que se supriman con "la mayor rapidez posible", priorizando aquellos de mayor riesgo.

En general, el Defensor lamentó que los "continuos cambios del régimen jurídico de la ordenación urbanística han dificultado la creación de un escenario normativo permanente", por lo que sugirió que las próximas modificaciones "se aborden esforzándose por conseguir las máximas cotas de consenso".