El grupo parlamentario de Ciudadanos ha registrado su plan de trabajo para la comisión de investigación sobre los fondos de formación de la Junta, en el que propone que esta se suspenda entre el 5 y el 22 de diciembre con motivo de la campaña de las elecciones generales del 20-D. La diputada Marta Bosquet, encargada de registrar dicho plan de trabajo, ha considerado "muy importante" que se produzca esta suspensión "con objeto de que no se use dicha comisión como un circo o arma arrojadiza entre los distintos partidos y que el debate público gire en torno a propuestas concretas para los ciudadanos".

Ciudadanos ha propuesto que el plazo para solicitar la documentación por parte de los grupos finalice el próximo día 28 a las 19:00 y deja abierta la posibilidad de solicitar nueva documentación y nuevos comparecientes en función del desarrollo de la comisión. Tras el estudio de la documentación Ciudadanos propone que se lleve a cabo el inicio de las sesiones, que, según recoge el Reglamento del Parlamento, serán secretas excepto aquellas en las que se celebren las comparecencias informativas, para cuyo inicio no fija ninguna fecha.

El listado con los comparecientes se presentará en el Registro una vez finalizado el plazo para el análisis de la documentación. "En esta comisión de investigación pasará toda persona que pueda arrojar luz para esclarecer este escándalo, se llame como se llame y ocupe el cargo que ocupe", ha dicho Bosquet, quien ha añadido que su grupo "no descansará hasta conocer qué ha pasado con los fondos para la formación de los desempleados andaluces y que han terminado en otros bolsillos".

La portavoz de Ciudadanos en la comisión ha mostrado su confianza en que todos los grupos consensúen "el mejor documento posible" en cuanto al plan de trabajo y ha recalcado que el objetivo de su partido en esta comisión será "conocer la verdad y depurar las responsabilidades políticas que existan". Una vez finalizadas las sesiones, para lo cual no propone ningún plazo, Ciudadanos ha planteado establecer un máximo de diez días hábiles para que los grupos remitan a la presidencia su propuesta de dictamen final, que tendrá que consensuarse y ser votado para, una vez aprobado, ser trasladado al pleno de la Cámara para su debate y aprobación definitiva si procede.