El Consejo Consultivo de Andalucía ha detectado 83 subvenciones irregulares por valor de 30 millones de euros concedidas por la Dirección General de la Consejería de Empleo entre el 2002 y el 2008, según ha dicho en rueda de prensa el presidente del organismo, Juan Cano Bueso. Tras entregar la memoria del 2012 al jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, Bueso ha explicado que desde el 2011 han recibido del Gobierno autonómico 220 expedientes de subvenciones para que los analicen, lo que ya han hecho con 197. De ellos, 83 expedientes por valor de 30 millones de euros se han "anulado" porque las ayudas se han otorgado con "discrecionalidad" o "arbitrariedad" ya que carecían "total y absolutamente" del procedimiento adecuado, aunque a veces la finalidad fuera lícita, como cursos de empleo para minusválidos, ha señalado Bueso. Ahora corresponde a la Junta de Andalucía exigir la devolución del dinero concedido irregularmente, según ha dicho.

Otros 92 expedientes que les ha remitido la Junta se han devuelto porque han caducado (lo que ocurre a los tres meses de comenzar el procedimiento) o para subsanar deficiencias formales en la tramitación. Siete expedientes más de los analizados se han archivado porque, según Bueso, no existe causa de nulidad o porque "existiendo, el Consejo ha apreciado que por razones de buena fe, de tiempo transcurrido, de finalidad lícita o justificación de gasto" se anula el gasto pero no existe la obligación de devolver el dinero. Bueso ha agregado que aún tienen 23 expedientes de subvenciones pendientes de dictaminar, y ha vaticinado que recibirán otro centenar para que se pronuncien.

Como balance de la memoria del 2012, el presidente del Consejo ha destacado que cada año las administraciones públicas "funcionan mejor" y cumplen con los procedimientos administrativos "con más rigor", y ha añadido que es "mejorable" una respuesta más rápida a los ciudadanos. "España no es un estado liberal de derecho, es un estado social y democrático de derecho", ha subrayado Bueso. Por ello, ha destacado la "vocación social" de la Junta de Andalucía y los "esfuerzos ímprobos" que hace para mantener los servicios sanitarios, educativos y sociales, frente a la política del Gobierno central "de contención presupuestaria" debido a directrices comunitarias.

Respecto a la memoria del 2012 del Consejo Consultivo, Bueso ha precisado que recibieron 1.300 solicitudes para que emitieran un dictamen, un 45% más que el año pasado, y ha apuntado que emitieron 1.076 resoluciones. De los dictámenes emitidos, 862 lo han sido en sentido favorable a la resolución de la administración, 121 en sentido desfavorable y 93 han sido devueltos. En 28 ocasiones, las administraciones consultantes no han actuado de acuerdo con el Consejo, lo que supone que en el 96% de los casos se ha resuelto conforme al sentido del dictamen, un porcentaje que Bueso ha calificado como "impresionante". El 63,2% son consultas procedentes de la Junta; en el 36,63% proceden de la administración local y un 0,18% de universidades y organismos de derecho público. Por órganos remitentes, 462 dictámenes fueron solicitados por administraciones locales, 367 por la Consejería de Salud y 215 por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Por materias, el 51,2% de los dictámenes fueron por responsabilidad patrimonial, el 26,3% fueron revisiones de oficio, el 11% por contratación administrativa, el 6,5% relativos a urbanismo y el 3% fueron proyectos de decreto y orden.