Fuente: BOE, Fundación Civio

El Consejo de Ministros que se celebró el Viernes de Dolores acabó con una mala noticia al romper la tradición centenaria de una cofradía malagueña. Desde mediados del siglo XIX y por la intermediación de la Hermandad de Jesús El Rico, el Gobierno concede el indulto a un preso que participa en la procesión del Miércoles Santo. Pero este año en la lista de indultados con motivo de la Semana Santa no estaba el reo propuesto por la corporación malagueña. Desde el Ministerio de Justicia explicaron que se trataba de un condenado por algún delito relacionado por la corrupción y que, por higiene democrática, ya no se concedían gracias a los presos relacionados con la mala gestión de lo público.

Pero eso no ha sido siempre así. Es verdad que, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la corrupción es el segundo asunto más preocupante para los españoles, sólo por detrás del paro. Casi la mitad de los encuestados a principios de marzo -el 44,8%- citan la corrupción y el fraude como un problema. Hace justo una década, sólo el 1,7% de los participantes en el sondeo opinaban lo mismo. Por eso no había problemas en indultar a los presos condenados por delitos de corrupción. Una investigación de la Fundación Civio ha cifrado en 227 el número de indultos que se han concedido en España a este tipo de condenados desde 1996. La cifra andaluza es más discreta. Sólo una treintena en dos décadas, el último de ellos en 2013.

Hay casos de indultos de un ministro del PP a condenados del PSOE y viceversa

En lo que coinciden los datos recogidos por la mencionada fundación es que no hay colores políticos cuando se trata de conceder gracias a condenados por corrupción. A nivel nacional son varios los casos, pero en Andalucía resulta llamativo uno. El 2 de febrero de 2007, Arturo Grima fue indultado de la pena de seis años y un día de inhabilitación especial para cargos públicos de ámbito local por un delito de prevaricación administrativa que cometió en 1995. Grima era entonces el alcalde popular de la localidad almeriense de Turre y fue el ministro socialista de Justicia Juan Fernando López Aguilar quien firmó la condonación de su pena.

El regidor de está pequeña localidad almeriense volvió a ser alcalde, no sin polémica. Una juez le volvió a imputar un delito de prevaricación por impedir supuestamente que los ediles del PSOE y un partido local presentaran una moción de censura contra él en enero de 2008. Siete años más tarde, poco antes de las elecciones municipales de 2015 los socialistas de Turre denunciaron un posible fraude electoral tras descubrir a Grima en la oficina de Correos de Mojácar "con la intención de entregar en mano alrededor de 80 votos". Después de esos comicios fue desalojado de la Alcaldía por un pacto del PSOE y la marca blanca de Podemos, Somos Turre.

No es el único regidor almeriense indultado por López Aguilar. En 2005 fue el ex alcalde socialista de Antas Bartolomé Soler Cano quien recibió el indulto de su pena de ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El primer edil de esta localidad, situada sólo a 15 kilómetros de Turre- había sido condenado por prevaricación tras haber negado la documentación solicitada por los concejales de la oposición.

Más sonado fue el caso más antiguo de los analizados por la Fundación Civio en Andalucía. También fue un ministro socialista de Justicia Juan Alberto Belloch quien firmó en 1996 el indulto del ex alcalde de Córdoba Herminio Trigo. El ex primer edil comunista vio condonada la pena de inhabilitación que le había sido impuesta por nombrar a dedo al gerente del Gran Teatro de Córdoba en otro caso de indulto concedido a un político de distinto signo al Gobierno que lo aprobó. Resulta, sin embargo, llamativo que Belloch y Trigo acabaron como compañeros de filas, puesto que el regidor cordobés terminó militando en el PSOE tras alejarse de los postulados de IU.

De los cuatro presidentes que han pasado por La Moncloa en las dos últimas décadas, José María Aznar fue el que concedió más indultos o conmutaciones de penas por otras menores a condenados por delitos contra la Administración pública. Fueron 14 frente a los ocho de José Luis Rodríguez Zapatero, ambos en dos legislaturas. Felipe González sólo firmó dos, pero el conteo empieza justo en su último año de mandato, mientras que Mariano Rajoy aprobó seis en los distintos Consejos de Ministros que se celebraron durante su primer periodo al frente del Gobierno.

Ha sido precisamente en esos últimos años cuando la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción ha cambiado de forma radical. El primer titular de Justicia del Gobierno de Rajoy, Alberto Ruiz-Gallardón, se enfrentó a la polémica por indultar a estos condenados. Fue en el verano de 2012 cuando se les redujo la pena de cárcel a cuatro ex concejales del PP del municipio malagueño de Valle de Abdalajís, que habían sido condenados por delitos continuados de prevaricación urbanística. La justificación que dio entonces el ministro es que quienes recibían la medida de gracia no habían tenido lucro personal por los delitos considerados de corrupción por el Consejo General del Poder Judicial.

Ruiz-Gallardón fue el último ministro que firmó un indulto para un condenado por un juzgado andaluz por delitos de corrupción. Y lo hizo a una militante del PSOE, María Dolores Mateos Sánchez, condenada en 2011 por malversación e indultada en julio de 2016. Tiene el honor de ser la última de una lista que es difícil que aumente en el futuro. Que se lo digan al preso de la cárcel de Málaga que propuso la Hermandad de Jesús El Rico, que se quedó a las puertas.