La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, recordó ayer que "está pendiente" de que el Gobierno central aclare si recurrirá la Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como ley antidesahucios, que ha entró ayer en vigor. Para Crespo, se trata de una normativa que, a su juicio, "es más populistas que otra cosa", porque "efectividad no se le está viendo mucha".

A juicio de la delegada del Gobierno, "hay que analizar" que existe una ley nacional que "garantiza la igualdad de acceso a estas posibilidades de todas las personas que puedan ser desahuciadas y están en riesgo de exclusión social en toda España". Crespo aseguró que "en Andalucía se ha visto un decreto que crea inseguridad jurídica, como lo ha dicho el Gobierno de España y a nivel europeo". Además, según la delegada, "aleja a los inversores de Andalucía" y eso "no nos interesa en estos momentos de crisis cuando parece que estamos empezando la recuperación", afirma, toda vez que señala que "no da solución factible y viable a las personas que pueden ser desahuciadas".

No obstante, Crespo precisó que "están dispuesto a dialogar". En este sentido, recordó que "ya se planteó hablar con la Junta después de que el Gobierno pusiera el recurso, tal y como se está haciendo en todas las materias", porque el Gobierno "atiende a Andalucía como tiene que hacerlo, como una tierra importante de España y que necesita del apoyo del Ejecutivo central".

Crespo recalcó que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "aparecen 126,6 millones de euros que se transfieren a Andalucía para trabajar en la política de alquiler y rehabilitación de vivienda" y "en estos momento la comunidad tiene un problema grave" en ambos sentidos, y "ahí la Junta tiene que tener un papel fundamental porque se le transfiere el dinero", ya que tiene que ser ella la que "haga convenios con los ayuntamientos".