Juanma Moreno anuncia su nuevo Gobierno en el Palacio de San Telmo

Juanma Moreno anuncia su nuevo Gobierno en el Palacio de San Telmo / Juan Carlos Muñoz

JUANMA Moreno es dado a los arrebatos de sinceridad, algo inusual en política y que es probable que le dé un plus de credibilidad. Este lunes, al anunciar su nuevo Gobierno, en el que los consejeros ejercerán con una situación envidiable para que te encarguen la ejecución de políticas concretas de cada competencia –un Ejecutivo fuerte apoyado en una sólida mayoría absoluta– el presidente se encontró con personas que dijeron nones, después de haber dado un sí inicial o al menos haber aceptado pensárselo.

Moreno lo justificó en el “severo régimen de incompatibilidades” que tiene la Junta de Andalucía para ejercer de consejero. Seguramente no le falte razón, igual que si hubiese dicho que está remunerado de manera poco competitiva respecto al mercado privado. Pero también detrás del sincero reconocimiento de que ha tenido negativas a ejercer el poder hay que plantearse que el ejercicio del servicio público en un Gobierno no goza de prestigio. Al contrario. Para muchos profesionales que tienen crédito en su actividad, dedicar unos años a la política supone una exposición que no compensa.

El problema no es exclusivo de Andalucía ni de su autogobierno y se extiende a todo el ejercicio de cargo público de designación en la política española, encanallado por la polarización y la insoportable crispación que lo define.

Lo que Moreno hizo es reconocer que incluso en el oasis de moderación que pretende que sea la política andaluza –en su discurso de investidura lo llamó un sello de calidad–, el otrora noble ejercicio de la política es rechazado.

Contrastan esas negativas con la actitud demostrada por algunos de los consejeros en funciones que hoy cesan. Se ve que los que acceden a ejercer el poder, incluso con las contraprestaciones descritas, se resisten a perderlo.

La mejor manera de combatir esos nones sería limitar los mandatos, para que no sea un modo de vida sino una etapa de servicio público que aporte prestigio a una trayectoria vital, y adecuar las remuneraciones a la media del IRPF de la persona designada, para no excluir a los perfiles mejor valorados por la sociedad civil. Aunque, seguramente, mi propio arrebato de sinceridad caerá en saco roto.

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