Desde las 13.243 plazas de 0 a 3 años en escuelas infantiles concedidas en el curso 2001-2002 en Andalucía a las 61.191 del actual se ha producido un incremento en la creación de estos puestos escolares que la oficina del Defensor del Pueblo, que ha recabado estas cifras de la Dirección General de Infancia y familias de la Junta, valora "de forma positiva". Sin embargo, según el informe de 2008 que el titular de la institución, José Chamizo, entregó la pasada semana en el Parlamento andaluz, factores como la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral hacen previsible un aumento de la demanda de estas plazas escolares que la Administración debe afrontar.

Para compensarla con la oferta, el documento apunta la necesidad de "reforzar las políticas de ayudas económicas" a través de subvenciones de manera que se permita a las familias "que no han podido obtener plaza en la oferta pública afrontar los gastos por los servicios prestados en un centro privado".

En Andalucía la financiación de las plazas escolares de esta etapa de escolarización no obligatoria se realiza a través del sistema del copago. Ha sido así mientras la Consejería de Igualdad ha tenido las competencias de las guarderías y continuará una vez que el curso que viene Educación tome el testigo del primer ciclo de infantil. El decreto que está ya ultimándose sigue contemplando este método para las escuelas infantiles públicas, que implica que los padres financian esta etapa -salvo víctimas de violencia de género y situaciones de riesgo social-, aunque se establecen bonificaciones de mayor o menor grado según la renta familiar.

El paso de las competencias de la primera etapa de infantil de Igualdad a Educación viene sustentado por la intención de que este periodo, a pesar de no ser obligatorio, tenga un carácter cada vez más educativo, sin dejar de lado la necesaria función asistencial para niños de tan corta edad. Así, el informe del Defensor remite a organismos internacionales, como la OCDE, que defienden la escolarización temprana contra "la reduccción de las desigualdades socieducativas", además de destacar que las oportunidades de desarrollo están "estrechamente vinculadas a la estimulación educativa precoz". También refiere que el informe PISA corrobora que el rendimiento escolar es directamente proporcional al acceso a una escuela infantil a edades tempranas.

La importancia de la conciliación laboral y familiar y la función esencial que la Oficina del Defensor atribuye a la Administración en este aspecto, lleva a la institución andaluza a reconocer el esfuerzo realizado para los permisos de maternidad y paternidad, aunque estima que "no se ha prestado un apoyo suficiente al final de esos periodos de descanso". El documento constata las quejas recibidas de padres denunciando la falta de oferta pública, un problema que se agrava cuando no hay "otros recursos para el cuidado de los menores, como puede ser la ayuda de otros familiares".

Además, advierte de que la situación actual dista mucho del compromiso adquirido entre los países miembros de la Unión Europea para 2010 de que el 33% de la población de 0 a 3 años esté escolarizada. Dista tanto, como que este porcentaje es casi la mitad en Andalucía, concretamente el 17%, según los cálculos que hace el Defensor con los datos de escolarización de la Dirección General de Infancia y Familia, junto a los 361.412 menores en esta franja de edad según el Observatorio de la Infancia.

La Junta ha insistido en su intención de garantizar progresivamente la existencia de puestos escolares del primer ciclo de infantil según la demanda y, de un modo más concreto, el presidente, Manuel Chaves, cuantificó -en su discurso de investidura- en 100.000 las plazas escolares que estarían disponibles al final de esta legislatura en 2012. Ese número de plazas para la población actual hasta tres años supondría una escolarización del 27,6%, es decir, a día de hoy, la promesa en Andalucía no sería suficiente para alcanzar el objetivo europeo.