Tres jornadas maratonianas, dos de ellas con casi ocho horas de toma de declaraciones, han bastado para que los ocho interventores provinciales de la Junta y el ex interventor general, quien dimitió el pasado 1 de febrero, bosquejaran el retrato de las irregularidades que han afectado a la concesión de ayudas a la formación por parte de la Junta desde 2002. En líneas generales, todos aludieron a cierto "descontrol", sobre todo en el cumplimiento administrativo de los expedientes, y, sobre todo, a la carencia de justificación posterior de muchos de ellos.

También fue tónica genera el lamento por la escasez de medios, con poco personal e indebidamente cualificado. También coincidieron en descartar la presencia "de una trama" o "mano negra" detrás de las irregularidades, lo que llevo a eliminar la posibilidad de un "fraude" masivo y organizado.

Y todos, excepto el interventor de Huelva, rechazaron considerar que ya se hubiera producido un "menoscabo de fondos públicos". Eso sí, el "riesgo" de que esto acabe ocurriendo es alto, bien por prescripción de los expedientes más antiguos, bien por insolvencia de algunos beneficiarios.

Los distintos grupos con representación en el Parlamento que están intentado depurar las responsabilidades políticas de un caso que también está siendo tratado en los tribunales, ofrecieron ayer sus respectivas conclusiones. El PSOE fue el más positivo en sus valoraciones. Su portavoz, Mario Jiménez, afirmó que no se había constatado "ninguna ilegalidad" y que sólo "en el ámbito administrativo, se podría exigir alguna respuesta".

El PP se quejó de la respuesta "tibia" del ex interventor general, aunque prefirió quedarse con "que sus informes son bastante contundentes" y demuestran "la falta de control" en las ayudas.

Podemos, por su parte, aseguró ayer que se ha demostrado que "la Administración genera corrupción por falta de controles" y que "con tantos expedientes sin justificar va a haber irregularidades que forzosamente no vamos a poder atender porque hayan prescrito desde el punto de vista sancionador".

C's insistió en que tras las primeras comparecencias se ha puesto de manifiesto "la falta absoluta de control y de rigor que ha existido sobre los fondos millonarios que se han dado" y expresó su preocupación por que se haya producido un "menoscabo de fondos para las arcas públicas en los expedientes que hayan podido prescribir".

Finalmente, IU indicó que está claro "el absoluto desmadre y descontrol en el que se encuentran las millonarias ayudas a los cursos de formación".