El actual gobierno de la Diputación de Cádiz, en manos del PP, no está dispuesto a pasar por alto el quebranto de 45.200 euros a las arcas provinciales originado por la inversión de 244.000 euros en participaciones preferentes decidida en 2009, cuando esta institución estaba gobernada por el pacto PSOE-IU. El rechazo a esta operación financiera fue expuesto ayer por el titular de esta institución, José Loaiza, quien afirmó con rotundidad que una sociedad pública como la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo "no puede invertir en participaciones preferentes".

La reacción de Loaiza se produjo después de que este periódico desvelara ayer sendos informes técnicos realizados por orden del gobierno provincial en los que se confirma que en los meses de junio y octubre de 2009 la Empresa Provincial de Vivienda cerró sendas operaciones con dos entidades financieras a las que adquirió participaciones preferentes por un montante global de 244.000 euros. En esos mismos informes se añadía que las órdenes de pago fueron firmadas por la anterior gerente de esta sociedad pública -un cargo de confianza de IU- sin que haya constancia de un visto bueno previo bien de los entonces presidente de la Diputación, el socialista Francisco González Cabaña, y diputado de Vivienda, el izquierdista José Antonio Barroso.

Loaiza explicó ayer que la propia Empresa de Vivienda y Suelo procedió en 2012 a canjear ambas operaciones financieras, logrando recuperar hasta el momento el 81% del dinero invertido, lo que deja un déficit estimado de 45.200 euros. Dijo también que quien descubrió esta operación fue el consejero-delegado del área y diputado del PP Antonio Saldaña, y que a renglón seguido se encargó informes -uno económico y otro jurídico- a los técnicos de esta sociedad dependiente de la Diputación.

Ahora se está a la espera de conocer los dictámenes de los gabinetes jurídicos de la Diputación y de la propia empresa para, en base a los mismos, exigir responsabilidades, si hubiera lugar, por el quebranto de 45.200 euros en las arcas provinciales. El presidente de la Diputación dijo además que esas responsabilidades serían "penales, administrativas e incluso patrimoniales", subrayó que la Diputación no descarta llevar el asunto a la Fiscalía "como ya hicimos cuando descubrimos el fraude de las ayudas del Plan Bahía Competitiva" y dejó claro que no abrirá una comisión de investigación "porque lo que ha sucedido está muy claro".

La adquisición de estas preferentes "se decidió en petite comité", reconoció que la firma final que permitió estas dos operaciones financieras era de la anterior gerente de la Empresa de Vivienda pero matizó que ello "no quiere decir que todo se hiciera sin conocimiento de los responsables políticos de entonces", en lo que pareció una clara alusión a Cabaña y a Barroso, aunque el presidente de la Diputación en ningún caso les citó, como tampoco desveló los nombres de las dos entidades bancarias con las que se negoció primero las participaciones preferentes y posteriormente su canje por otros productos financieros.

Loaiza se mostró convencido de que la inversión en participaciones preferentes supuso "un mal uso del dinero público" por parte del anterior gobierno provincial PSOE-IU "que son los dos mismos partidos que gobiernan hoy en coalición en Andalucía". Y dijo como conclusión que el anterior gobierno de la Diputación "hizo una mala gestión si conocía que se habían adquirido estas participaciones y pecó de descontrol si era ajeno a esas operaciones".

En su reflexión ante la prensa, el también alcalde de San Fernando destacó que una sociedad pública como la de Vivienda "no puede utilizar estos instrumentos financieros", porque "ni son seguros, ni aportan liquidez" para afrontar las actividades explicitadas en el objeto social de la empresa.