"No nos parece justo que, además de la crisis que padecemos, tengamos que sufrir restricciones". La queja pertenece al movimiento asociativo en favor de las personas con discapacidad intelectual en Andalucía. Feaps, ONG que atiende a unas 14.500 personas con discapacidad intelectual en 450 centros, culpa a la Junta de incumplir el compromiso verbal de revisar los precios de determinados servicios, en concreto, los que se ofrecen a dependientes graves, los psicodeficientes.

Francisco Alonso, presidente de Feaps, explicó a esta redacción que la anterior directora general de Personas con Discapacidad, Aurelia Calzada, se comprometió a que la Junta aumentaría en 2008 lo que abona la Administración por cada persona atendida en los centros de la asociación. Sin embargo, explicó Alonso, "pasaron los meses, las elecciones y ahora nos dicen que no hay dotación presupuestaria, es inaceptable".

¿Qué consecuencias conlleva? Según el presidente de Feaps, los centros ya contaban con ese compromiso y ahora sufren problemas de gestión.

"Son las personas que más apoyo necesitan y no podemos hacer recortes, intentaremos por todos los medios que la calidad en la atención no se resienta", expone Alonso, molesto con que la Junta "apruebe modificaciones presupuestarias en muchos ámbitos, pero se olvide de estas personas". De permanecer invariable esta situación en septiembre, Feaps anunció movilizaciones para conseguir una financiación "justa y adecuada".