Andalucía

Educación insta a la Fiscalía a que califique las agresiones al profesorado como atentado

  • El consejero Álvarez de la Chica acuerda con el fiscal García Calderón un mayor refuerzo de la protección de los docentes

La Consejería de Educación y la Fiscalía Superior de Andalucía acordaron ayer estrechar su colaboración para reforzar la protección de los derechos del profesorado en el ejercicio de sus funciones.

El acuerdo es fruto del encuentro que mantuvieron ayer en Granada el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, y el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, según informó la Junta de Andalucía en un comunicado. Esta reunión se produce ante la próxima aprobación de la nueva normativa sobre la organización y el funcionamiento de los centros de enseñanza (ROC), que recoge por primera vez una carta de derechos del profesorado y medidas para garantizar la protección de los mismos.

La nueva normativa escolar establece, entre otras iniciativas, que la Consejería de Educación promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones o intimidaciones de carácter grave contra el profesorado mientras desempeña su labor docente.

En el encuentro mantenido ayer, el consejero y el fiscal superior han acordado la firma de un protocolo de colaboración para coordinar y agilizar la aplicación de estas medidas.

También han pactado intercambiar información, entre otros aspectos, sobre la asistencia jurídica a los docentes andaluces por parte de la Consejería de Educación, medida que fue incluida en la Ley de Educación de Andalucía (LEA).

La Fiscalía califica como atentado contra funcionario público las agresiones al personal sanitario y docente desde 2008. Sin embargo, fue en octubre de 2001 cuando la Consejería de Educación reguló por primera vez la protección de los docentes afectados por las agresiones en una resolución donde se comprometía a prestarles asistencia letrada. Hubo que esperar seis años más para contar con el primer protocolo.

En 2006, la Fiscalía se comprometió con el sindicato Comisiones Obreras a perseguir con mayor dureza la violencia que sufren los profesores en el ejercicio de su profesión; y una de las medidas que acordaron fue la de tipificar como delito de atentado los actos más graves de esta índole, pero en estos años ninguna de las fiscalías provinciales ni la Superior de Andalucía ha perseguido un solo delito por iniciativa propia.

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