Andalucía

Europa expedienta a España por los residuos industriales en Río Tinto

  • El caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia si las autoridades competentes no adoptan medidas correctoras.

La Comisión Europea (CE) expedientó a España por permitir el depósito de residuos sólidos industriales en las Marismas del río Tinto, en el estuario de Huelva, por parte de Fertiberia, sin las medidas de gestión necesarias para la protección del medio ambiente.

"Me preocupan mucho los casos que se dan en España de eliminación de sustancias peligrosas sin planes adecuados para ocuparse de ellos a largo plazo. Exhorto a España a que rectifique sin demora estas irregularidades", dijo el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, en un comunicado.

El expediente adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. Si las autoridades competentes no adoptan medidas correctoras, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

En los últimos 40 años se han depositado en las marismas del río Tinto alrededor de 120 millones de toneladas de fosfoyesos, residuos de Fertiberia, una fábrica de fertilizantes situada en esa zona, según los datos de Bruselas.

En virtud de la normativa comunitaria, los estados miembros están obligados a expedir permisos para prevenir y controlar la contaminación desde vertederos. La Comisión planteó el caso por primera vez a las autoridades españolas en mayo de 2008, tras haber expirado el plazo para conceder esos permisos -30 de octubre de 2007- sin que España lo hubiera hecho.

Las autoridades españolas afirman que el fosfoyeso es un subproducto industrial, y no un residuo. En consecuencia, los permisos que al final se concedieron permitían a la fábrica de fertilizantes seguir depositando el fosfoyeso en vertederos próximos a zonas pobladas sin cumplir las condiciones impuestas por la legislación comunitaria aplicable.

La Comisión considera que dado que la fábrica se deshace de esa sustancia, tiene que considerarse residuo, y debe disponerse de un permiso para garantizar que se gestiona correctamente de acuerdo con la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, razón por la cual, la Comisión ha enviado a España la carta de emplazamiento.

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