Como cada 9 de diciembre desde 2003, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas designaba esta jornada como el Día Internacional contra la Corrupción, la jornada de concienciación trata de poner de relieve el alcance de un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países del mundo.

Un problema que socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos.

La #FiscalíaGeneral a través de la Fiscalía Especial contra la corrupción y el crimen organizado se suman a la campaña de Naciones Unidas por el día internacional contra la corrupción. @ONU_es, @PNUD, @UNODCESP, #UnitedAgainstCorruption, #Díainternacionalcontralacorrupción. pic.twitter.com/AYaW3QvsH1

— Fiscalía General (@fiscal_es) 8 de diciembre de 2018

Las consecuencias de estas prácticas delictivas tienen un impacto económico más que notable. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos, y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial.

Este año, la ONU ha querido centrar la jornada de concienciación mundial sobre esta lacra en su repercusión transversal a todos los niveles, afectando, en mayor o menor medida, a la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo.

En España, desde el punto de vista de la justicia, la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lleva años obteniendo unos resultados excepcionales en la persecución de estos delitos.

Fruto de esta ardua labor del Ministerio Fiscal, en colaboración directa con Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria, en 2017 la Fiscalía Anticorrupción incrementaba un 15% el número de procedimientos judiciales, de 524 a 609.

También se producía un ligero incremento en las diligencias de investigación, al computarse dos más. Asimismo, los escritos de acusación se reducían ligeramente, mientras que las sentencias dictadas en primera instancia se elevaban a 34, 33 de ellas condenatorias, cinco más que las dictadas en 2016.

Buena parte de toda esta actividad se relaciona, cada vez más, con el fenómeno de la delincuencia trasnacional ligada a la criminalidad económica organizada. No en vano, la Fiscalía Anticorrupción es la que más peticiones de asistencia judicial emite, además de numerosas comisiones rogatorias que se acuerdan en el marco de los procedimientos judiciales.

Esa trascendencia internacional de la corrupción entronca con la complejidad de los montajes jurídico-económicos, la diferente nacionalidad de las personas implicadas, su ubicación en diferentes Estados o el persistente recurso de los paraísos fiscales o territorios no cooperantes.

A lo largo de estos años de actividad, la Fiscalía Anticorrupción está percibiendo cómo la complejidad de estas conductas delictivas ha invadido todos los engranajes de la actual economía globalizada, contaminando los sistemas financieros mediante el uso de sus circuitos para alcanzar inmensos beneficios.

El auge de la comisión de delitos económicos se debe en parte a que presentan una mayor sofisticación y menor vigilancia que los tradicionalmente asociados con la delincuencia organizada, relacionados con el tráfico de drogas, de armas, de seres humanos o el terrorismo, y porque, además, las ganancias obtenidas se encuentran potencialmente más a resguardo de las acciones represivas penales.