Andalucía

La Fiscalía de Málaga pide imputar a empresarios y dirigentes de la Junta por los cursos formativos

  • El Ministerio Público dice que se ha producido un fenómeno de "caza de subvenciones"

La Fiscalía de Málaga pide al juzgado de Instrucción número 8 que impute a empresarios, funcionarios y responsables de la Junta de Andalucía por el caso Edu, en el que se investiga el supuesto fraude en la concesión de subvenciones para la realización de cursos de formación para desempleados con compromiso de contratación. En concreto, la Fiscalía reclama que declaren en calidad de imputados "los responsables de las entidades en las que se han detectado las irregularidades en la obtención de las subvenciones y en la aplicación de los fondos recibidos, así como aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones".

Se espera, por tanto, un posible rosario de imputaciones en los próximos meses. Según la nota pública realizada ayer por la Fiscalía Provincial -el primer comunicado con información y datos oficiales sobre este caso desde que se destapó el supuesto fraude en abril-, serán previsiblemente imputados los responsables de las 17 empresas malagueñas que han sido investigadas por la Policía Nacional y se desconoce cuántos empleados públicos y representantes políticos serán también llamados a declarar.

En la información facilitada ayer por la Fiscalía hay varios hechos destacables. El primero es que, a falta de que el juzgado haga otra calificación jurídica, la Fiscalía entiende que se han podido cometer cinco delitos tipificados en el Código Penal: fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias.

En segundo lugar, llama especialmente la atención que, según la Fiscalía, hay un empresario que habría recibido 14,6 millones de euros en subvenciones en el año 2011 correspondientes a acciones formativas con compromiso de contratación para desempleados. Las habría conseguido a través de varias sociedades y entidades vinculadas a su persona. La Fiscalía no detalló quién es ese empresario y cuáles son las sociedades investigadas.

En su escrito la Fiscalía habla claramente de que se ha dado "la práctica de caza de subvenciones por parte de algunas de las empresas beneficiarias" y que varias de estas firmas tenían "falta de solvencia y experiencia en la formación".

El consejero de Educación, Luciano Alonso, aseguró ayer que la Junta de Andalucía "siempre" colabora con la Justicia.

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