Fiscalía andaluza

La Fiscalía no ve “ninguna relevancia penal” en las exclusiones de los contratos COVID

  • Archiva una denuncia de CGT por excluir a personas vulnerables

  • La Fiscalía avala que no se contrate a las personas con mayor riesgo de contraer la COVID

Vigilantes en la playa de la Misericordia de Málaga Vigilantes en la playa de la Misericordia de Málaga

Vigilantes en la playa de la Misericordia de Málaga

La Fiscalía Superior andaluza ha archivado un denuncia del sindicato CGT contra la Junta de Andalucía por excluir a las personas en situación de riesgo de la contratación extraordinaria para luchar contra la pandemia de COVID-19.

Según un decreto de archivo al que tuvo acceso este periódico,  los hechos denunciados “no revisten caracteres de delito” y “carecen de toda relevancia penal”.

La Confederación General de Trabajadores (CGT) había denunciado a los responsables de la consejería de la Presidencia, encabezada por Elías Bendodo, como supuestos responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de prevaricación por excluir a determinados colectivos de riesgo como aspirantes a las plazas creadas para luchar contra la COVID.

Se trataba de plazas de personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública derivado de la pandemia.

El decreto de archivo recuerda que ya las normas dictadas el 13 de marzo de 2020 por la Secretaría General para la Administración Pública para todo el personal de la administración andaluza citaba como grupos de riesgo a las personas que parecieran diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad hepática crónica, pulmonar, renal, neurológica o neuromuscular crónica, inmunodeficiencia (incluyendo VIH) y cáncer.

A esas enfermedades se añadían las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y los mayores de 60 años, grupos todos ellos que, según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, podrían ver agravado su estado de salud debido a la COVID-19.

En consecuencia -afirma la Fiscalía andaluza- la resolución para contratar al personal necesario para la lucha contra la COVID excluyó, para protegerlas, a las personas que, según el Ministerio de Sanidad, “sufren un mayor riesgo de parecer esta enfermedad”.

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