Al menos tres autonomías -Andalucía, País Vasco y la gobernada por el PP Castilla y León- se opusieron ayer al copago que los pacientes graves o crónicos no ingresados deberán abonar desde el 1 de octubre por medicamentos dispensados en hospitales, mientras que la Comunidad Valenciana no consideró prioritaria la medida y Cataluña dijo que lo aplicará, pero estudiará compensaciones para los pacientes sin ingresos para adquirirlos.

Una gran parte del sector sanitario se opuso a la medida que el Gobierno central publicó el jueves en el BOE, por el que se pone fin a una excepción habitual hasta ahora. Se trata de unos 50 fármacos destinados a tratar pacientes crónicos o con enfermedades graves (cáncer, artritis, hepatitis, esclerosis múltiple, tratamientos de fertilidad) que habían quedado al margen del copago.

Son medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias a pacientes no ingresados (no son de uso hospitalario) y que hasta ahora eran gratuitos. Pero con la medida decretada por el Gobierno estos fármacos estarán sujetos a partir de ahora a un copago máximo del 10% del precio por envase, con un tope de 4,2 euros por fármaco (el cálculo será proporcional si son dosis sueltas).

La presidenta de la Junta de Andalucía , Susana Díaz, aseguró a los periodistas en Huelva que se estudiará qué "capacidad de margen" existe para aplicar la medida. "Saben que la Junta no está de acuerdo con que en este contexto económico el coste adicional lo sufran los ciudadanos. Creemos que tienen que ser las industrias las que hagan el esfuerzo. Ahora toma sentido aquella medida de la subasta de medicamentos", dijo Díaz. Según cálculos de la Junta, esta decisión afecta a 90.000 andaluces.

No obstante, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que serán las comunidades autónomas las que se encargarán de gestionar el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria a pacientes no hospitalizados.

Al margen de la lectura política, en la que destacó la reacción del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que reclamó al Gobierno la marcha atrás de esta medida, colectivos de afectados criticaron con dureza este nuevo copago. Fue el caso de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, que afirmaron que esta acción "perjudica a los niños y adolescentes enfermos de cáncer".

Desde la Sociedad Española para el Estudio del Hígado, el doctor José Luis Calleja lamentó "el impacto negativo en enfermedades crónicas como la hepatitis C" porque afecta a los tratamientos que se prescriben.

La Federación Andaluza Enlace aclaró que esta medida no afecta a los tratamientos antirretrovirales para el VIH dado que estos son de "uso hospitalario" y no de "dispensación hospitalaria", pero señaló que afectará en gran medida a un alto índice que personas que viven con el VIH y están coinfectadas con la hepatitis C. "Aunque el límite máximo de pago de 4,20 euros por cada medicamento no parezca elevado, estamos hablando de enfermedades crónicas con muchos efectos secundarios y tratamientos, de forma que la suma del copago de varios medicamentos provocará una carga muy importante en la economía de estas personas", subrayó Enlace.