El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, otorgó ayer un papel relevante a las comunidades autónomas en la reforma de la Ley de Demarcación y Planta que dibujará el nuevo mapa judicial español, por lo que el Gobierno no adoptará ninguna decisión sin escucharlas antes. Gallardón dijo que las regiones "tienen mucho que decir" en este asunto tras mantener la primera reunión con el consejero de Justicia e Interior andaluz, Emilio de Llera, para abordar diversas propuestas para mejorar el servicio judicial en Andalucía. El ministro transmitió a De Llera que el Ejecutivo no moverá ficha sin antes escuchar la opinión de los gobiernos territoriales.

El anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta está en la actualidad en fase elaboración a cargo de un comité de expertos. Gallardón se comprometió con el consejero andaluz a mantener un "diálogo con todas las comunidades autónomas, antes de que sea remitido al Consejo de Ministros", al tiempo que subrayó que adquiría este compromiso "de forma muy especial con Andalucía". El ministro admitió que la reforma de la Ley de Demarcación y Planta "ha generado algunas inquietudes en relación al futuro de determinadas demarcaciones y partidos judiciales", y en ello "tienen mucho que decir" las autonomías.

De Llera expresó su satisfacción por el encuentro con Gallardón y reconoció que regresaba a Andalucía "muy esperanzado" al estar convencido de que "comienza una etapa de diálogo y de eficiencia en la gestión de servicios". El ministro trasladó al consejero la voluntad de su departamento de "colaborar" con las comunidades "en todo el proceso de reforma y de gestión de la administración de Justicia".

De Llera destacó que el "gran problema de mantener los servicios de justicia, de modernizarlos y organizarlos de manera homogénea en toda España y más en tiempos de crisis, exige un esfuerzo de inteligencia, diálogo y comprensión" por parte de todas las comunidades que tienen asumidas las competencias en esta materia.

El ministro hizo especial hincapié en que la modificación importante de la administración de justicia que se va a producir "vinculará a todos", tanto a las comunidades con las competencias transferidas como aquellas que son territorio del Ministerio, por lo que existe una "necesidad de diálogo permanente y trabajo conjunto entre las distintas administraciones públicas".