Agentes de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, irrumpieron el pasado miércoles en el Palacio de Justicia de San Fernando (Cádiz) en busca de un certificado literal del fallecimiento del general Varela, militar isleño condecorado con dos cruces laureadas por el rey Alfonso XIII y que partició luego en el golpe de Estado de julio de 1936.

La actuación policial, que se realizó sin que hubiera exhorto judicial de por medio, que es el procedimiento habitual en las relaciones entre dos instituciones judiciales, no logró sin embargo el objetivo marcado por el magistrado de la Audiencia Nacional, ya que el acta de defunción del general Varela -que falleció en Tetuán en 1951 aunque está enterrado en el cementerio católico de La Isla- no está documentada en San Fernando y sí en el Registro Civil Central, ubicado paradójicamente en Madrid.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la causa general abierta por el juez Baltasar Garzón hace ahora un mes contra la represión franquista y que cuenta con el rechazo tanto de la Fiscalía como del Tribunal Supremo que, a la espera de resolver el litigio sobre las competencias en el asunto, ha anulado ya las medidas cautelares dispuestas por el magistrado de la Audiencia Nacional para abrir fosas comunes donde supuesamente están enterrados muchos de los represaliados durante la Dictadura de Franco. Esta paralización cautelar afecta, entre otras, a la fosa en la que podría estar enterrado García Lorca.