Andalucía

El Gobierno convoca a la Junta por el decreto que esquiva la reforma local

  • Montoro abre la comisión mixta por primera vez desde 2011 ante la fijación de 28 competencias propias a los alcaldes hasta que dictamine el TC.

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El Gobierno central anunció que convocará la comisión mixta con la Junta de Andalucía para resolver el conflicto de competencias abierto por la decisión de la Junta de aprobar un decreto ley que blinda las 28 competencias propias de los ayuntamientos recogidas en la ley andaluza de autonomía local, Laula, aprobada en 2010. En un acto electoral con empresarios en Sevilla, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó que es "innecesario y no hace ninguna falta" que la Junta "delimite o acote" las competencias de las administraciones locales, porque las competencias están definidas en la ley estatal.

La Junta de Andalucía, y otras seis comunidades, tienen recurrida la ley de reforma local ante el Tribunal Constitucional (TC). El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto ley por el que entiende que, hasta un pronunciamiento del TC, siguen en vigor las leyes andaluzas que establecieron que la comunidad autónoma es quien dictamina sobre las competencias municipales. La Junta deja como están las competencias propias de los ayuntamientos, entre ellas las oficinas de consumo, de la mujer o la promoción del turismo. También los servicios sociales comunitarios a partir de enero de 2016. Si un ayuntamiento quiere más competencias, se examinará con un análisis sobre duplicidad de la Consejería de esa materia y un informe económico de la Consejería de Hacienda. Las competencias ahora delegadas con un convenio se revisarán antes del 31 de diciembre.

Aunque el ministro subrayó que no existen problemas, la Junta anota que algunos entes locales se intentan deshacer de algunas competencias. Es el caso del Ayuntamiento de Jaén, que rompió el convenio con la Junta para el desarrollo de los servicios de dependencia; el Ayuntamiento de Sevilla y la retirada de las políticas de empleo o la Diputación de Granada con la cooperación internacional.

"Se evitarán disfunciones y vacíos competenciales", subrayó ayer el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Sobre la convocatoria de Montoro, Valderas señaló que ese diálogo "llega tarde, pero será bienvenido", que la Consejería lleva 15 meses solicitando la comisión mixta y criticó que el ministro muestra interés cuando se ha "plantado cara en defensa del municipalismo". La comisión mixta no se reúne desde 2011 por los deslindes de costa para la conservación de chiringuitos. Presidencia, no obstante, alberga dudas si es esta comisión o la bilateral a la que se refirió el ministro.

Se da la circunstancia de que el texto a analizar es idéntico en el fondo (aunque más embrollado en la forma) que el aprobado por Castilla y León (gobernada por el PP) y en la misma línea que la ley de Galicia o la circular del País Vasco. No se conoce que estas comunidades hayan sido llamadas a reunión.

El texto es "consensuado", en palabras de Valderas, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidida por el PP. Lo cierto es que en la reunión de la FAMP el texto salió por consenso, sin alegaciones del PP ni de sus ayuntamientos más importantes. La Junta aceptó el resto de las alegaciones. Fue en la votación de la comisión permanente del Consejo Andaluz de Concertación Local (un órgano paritario entre Junta y FAMP) cuando los representantes del PP en la FAMP votaron en contra.

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