En el Gobierno andaluz miran con recelo la concesión de los indultos a dirigentes independentistas presos por su papel en el procés. Más allá de la "traición" y los motivos puramente ideológicos o la posición que PP y Cs, los partidos que lo conforman, mantienen respecto a esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, retomó ayer una idea ya lanzada en ocasiones anteriores y que destila que el acercamiento del presidente el Gobierno a los indepenentistas catalanes acabará resultando en un agravio para Andalucía en materia de financiación. Para el dirigente popular los indultos son el preludio de una “lluvia de millones” para Cataluña y, después, de la puesta en marcha de una consulta pactada sobre la independencia de dicha comunidad autónoma. Y esto ocurre cuando ha resucitado el debate sobre la necesidad de remodelar el modelo de financiación autonómica, que lleva más de una década perjudicando a Andalucía.

El PP y Ciudadanos heredaron del anterior Gobierno socialista la reclamación de un modelo de financiación más justo, ya que Andalucía es, junto con Murcia y la Comunidad Valenciana, el territorio más perjudicado por la fórmula vigente, aprobada en 2009 con los votos a favor del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y los entonces nacionalista de la ERC de Josep Lluis Carod Rovira. En 2017, la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lideró como consejera del ramo un acuerdo en el Parlamento autonómico para reclamar al Gobierno central, en manos del PP esa mejora de la financiación.

Los populares andaluces se sumaron, sorpresivamente, a esa entente de las izquierdas de la que sólo se salió Ciudadanos. Juanma Moreno, una vez que llegó a la Presidencia de la Junta, ha recordado en más de una ocasión que lo hizo contra la dirección de su propio partido en Madrid. El cambio de La Moncloa, del que se han cumplido ahora tres años, permite al Gobierno andaluz enarbolar esta bandera para hacer frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez y así se lo recordó Moreno en la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno la pasada semana en Madrid, la primera desde que llegó a San Telmo.

El Ejecutivo andaluz incluso ha calculado la cantidad que Andalucía ha dejado de percibir en los últimos 11 años por esa infrafinanciación que reconocen todos los partidos. Son 10.835 millones de euros y ayer Bendodo habló incluso de una “segunda deuda histórica”, en recuerdo de aquella reclamación de los gobiernos socialistas de la Junta que se acabó saldando con una parte del pago estatal en especie. No acaban ahí los paralelismos a los que aludió ayer el portavoz, ya que Bendodo cree que el acuerdo de 2009 entre el PSOE y ERC es asimilable al acercamiento que ha acabado cristalizando en los polémicos indultos. “En Andalucía no vamos permitir que se repita la historia”, reiteró el también consejero de la Presidencia.

La exigencia del Gobierno andaluz es que la ministra de Hacienda convoque lo antes posible Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar esta y otras cuestiones, como el reparto de fondos europeos. Desde el departamento de María Jesús Montero aseguran que su intención es reunirse con los consejeros de Hacienda en las próximas semanas y aseguran que la ministra esta de acuerdo con las peticiones de Moreno, así como del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, que se verá con su homólogo andaluz para formar un frente común sobre financiación.

Montero se fue a Madrid con el compromiso de la reforma de la financiación, pero al poco tiempo de hacerse con la cartera tuvo que admitir la dificultad del desafío y su retraso hasta que las mayorías parlamentarias lo permitiesen. La política sevillana ha explicado en sus últimas comparecencias al respecto que con la actual configuración de la Cámara Baja sólo es posible remodelar el sistema con el apoyo del PP. Ni siquiera la mayoría con la que Montero sacó adelante los Presupuestos de 2021 es suficiente, ya que la norma que regula el reparto de fondos es una ley orgánica. Además, no puede contar para ello con los nacionalistas vascos, que tienen su propia financiación, ni con las fuerzas independentistas catalanas.

Esa correlación de fuerzas otorga al PP un papel preponderante, pero incluso dentro de los populares hay división. Para hacerla patente, Montero provocó hace unas semanas que los consejeros de Hacienda de las comunidades se posicionaran en la fórmula para repartir el fondo Covid de 2021. Las opciones eran primar el PIB o la población y la elección de Madrid (PIB) y Andalucía (población) dejan clara la disparidad que hay en el seno del PP sobre estos criterios, que son, al fin y al cabo, los que deben determinar cómo se reparten los fondos entre las comunidades.